La Procuraduría General de la Nación presentó un informe que da cuenta de tres Gobernaciones y quince Alcaldías del país, que le han entregado contratos públicos a los contribuyentes de sus campañas políticas en 2019. 

“Los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”, indicó el Procurador General, Fernando Carrillo. 

Cabe recordar que, de acuerdo al Estatuto Anticorrupción, si una persona aportó más del 2% de lo que costó una campaña, queda inhabilitada para contratar con el candidato a quien apoyó. Así, a través de un estudio la Procuraduría indentificó contribuyentes del 2019 que superaron ese tope del 2%. "La financiación de campañas no se puede volver la cuota inicial de futuros contratos con los que retribuyen indebidamente esa inversión”, apuntó Carlos Felipe Córdoba, contralor General. 

De 172.000 contratos de 2020 publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), en los que intervinieron 23.207 aportantes a las campañas electorales de 2015, 2018 y 2019, el Ministerio Público focalizó su vigilancia en 120 en los que participan financiadores de las campañas territoriales de 2019.

“Este segundo paso nos arrojó un universo de 120 contratos por un monto que asciende a $45.909 millones y una vez concentrados en la inhabilidad de los financiadores que superaron el 2% del aporte se identificaron: 18 financiadores que entregaron más de 620 millones a 18 candidatos elegidos (3 gobernadores y 15 alcaldes), cuyas administraciones suscribieron 52 contratos por más de 5.800 millones, a través de 20 entidades públicas de su propia circunscripción electoral”, precisó Fernando Carrillo. 

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La tres gobernaciones comprometidas son las de los departamentos de Vichada, Atlántico y Boyacá. A su vez, las alcaldías de Itagüí, Buga, Villa de Leyva, Carmen de Viboral, El Espinal, entre otras. 

El Espinal

La administración de Juan Carlos Tamayo, hoy alcalde de El Espinal, está vinculada a las investigaciones por el contrato que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Espinal (ESP), celebró con Crispín Ariel Cartagena Gómez, por $2,99 millones. Monto que superaría el 2% de lo que costó en total la  campaña de Tamayo en 2019. 

Icononzo

Semanas atrás la Contraloría General de la República también mencionó a la Alcaldía de Icononzo, por aparentemente incurrir en este delito. Aunque, en el informe más actualizado no la relaciona, como sí reitiró a la de El Espinal. 

Finalmente, la Procuraduría exhortó a los gobernadores y alcaldes a cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016, que señala la prohibición de contratar con quienes le hayan aportado más del 2% a sus campañas.