El juez les impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en presentarse de manera periódica ante las autoridades y de pagar la millonaria caución.

Medida de aseguramiento no privativa de la libertad les fue impuesta por un juzgado del municipio de San Antonio al alcalde de esa localidad en el sur del Tolima, Jorge Iván Vásquez Martínez, lo mismo que a su secretario de Gobierno, Enrique Polo Álvarez y al contratista Edward Fernando Hernández Oliveros.

Los tres fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado.

Cada uno de los implicados deberá pagar una caución de 15’372.210 de pesos; además deberán presentarse de manera periódica ante la autoridad competente. 

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Los hechos motivo de esta decisión judicial derivan de la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo el pasado 22 de septiembre de la cual quedó pendiente por resolverse la medida de aseguramiento.

Las presuntas irregularidades investigadas fueron detectadas por peritos del CTI adscritos a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, en la etapa de trámite y celebración del contrato de compraventa 096 de 2020 suscrito entre la Alcaldía Municipal de San Antonio y la empresa Fosther Servicios Integrales de Ingeniería SAS, y cuyo objeto era el suministro de insumos de bioseguridad a fin de mitigar el impacto, propagación y riesgo del Covid-19. 

Sin embargo, se pudo establecer a través de certificación del Invima, que productos como el gel, el hipoclorito de sodio y el jabón de manos líquido suministrados eran fraudulentos, ya que no contaban con el registro sanitario.

 Este hecho habría establecido un posible peculado por 15’421.000 de pesos.