Un duro y trascendental pronunciamiento hizo el Consejo de Estado, al señalar que la opinión y los votantes fueron engañados por la campaña del NO en el plebiscito que pretendía aval los acuerdos de paz de La Habana, pero además señala el nuevo acuerdo se puede tramitar vía Congreso y que el presidente Santos no esta obligado a cumplir el resultado del No.

En efecto, las declaraciones del exgerente de la campaña del No del Centro Democrático Juan Carlos Vélez, como todas las evidencias de comunicados, declaraciones de prensa y cuñas publicitarias engañosas de de esa campaña, fueron tenidas en cuentas por la Sección Quinta del Consejo de Estado, para dar el trascendental y duro fallo contra la campaña del No.

Según la magistrada ponente,  Lucy Jeanett Bermúdez, señala que es un “hecho notorio que hubo falsedades en la campaña del No”, y en consecuencia, da vía libre al Congreso de la República al  ordena que avance en la implementación del acuerdo final entreel gobierno y las Farc, “disponiendo para ello –aún en sesiones extraordinarias convocadas para tal fin– de los mecanismos especiales de creación normativa establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2016 (fast track), que para efectos del cumplimiento de esta medida cautelar ha de entenderse vigente”.

Este resultado se da como respuesta a una demanda instaurada por los ciudadanos David Camilo Narváez y William Efraín Clavachi, que solicitan al Consejo de Estado invalidar los resultados del Plebiscito por la paz al considerar que se hubo violencia sicológica, por el engaño al que se sometió al electorado por parte de la campaña del  No.

No obstante el contundente fallo del Consejo de Estado, condicionada su decisión a que el órgano judicial competente se “pronuncie de manera “expresa y definitiva” en relación a la vigencia de la norma. Y para ello, pide que de manera prioritaria la Corte Constitucional analice y estudie las demandas alrededor del artículo quinto del Acto Legislativo para la paz.

Dentro del fallo del alto tribunal de la justicia contencioso administrativa, se formula un radical pronunciamiento al asegurar que “hubo engaño generalizado que anuló la libertad del electorado para escoger autónomamente en el plebiscito para la paz”.

El tribal cita múltiples evidencias y manifiesta que quedaron al descubierto mentiras expuestas de forma masiva y sistemática, sobre todo en relación con los temas de ideología de género, eliminación de subsidios, afectación del régimen pensional, impunidad, víctimas y cambio a un modelo de Estado como el de Venezuela. En este punto el tribunal hace referencia tacita al cacaraqueado “Castrochavismo”.

Y agrega que el efecto de la campaña fue crear “un clima de desinformación, manipulación, distorsión de la verdad –necesaria para la adopción de una decisión soberana– relacionada con la definición del destino de los colombianos sobre un asunto fundamental para la vida del Estado y la sociedad”, dice el alto tribunal.

También la magistrada Bermúdez, considera que es evidente que hubo significativos hechos de violencia psicológica, en la modalidad de fraude al sufragante, cuya incidencia irradia de manera global el acto que declaró al No como ganador en la contienda del 2 de octubre.

El Consejo de Estado se abstiene de dictar la medida cautelar como la piden los demandantes, al considerar que aunque está acreditada la violación, no hay la necesidad de hacerlo teniendo en cuenta que no se evidencia la urgencia, ya que la votación en las urnas tuvo sus efectos, como es que el acuerdo de paz con las FARC fue renegociado.