El Nuevo Fiscal de la nación Néstor Humberto Martínez y el nuevo Procurador Fernando Carrillo tienen la sagrada misión de desempolvar temas que fueron expuestos a sus antecesores en el año 2010 en sus respectivos despachos y que misteriosamente fueron guardados no sabemos por qué, sin que se produjera ninguna reacción o al menos una respuesta a pesar de la gravedad de los hechos. He aquí la relación puntual de comprobada corrupción en el manejo de los recursos públicos en el departamento del Tolima:

-Banco de los Tolimenses: saqueo y quiebra de esta entidad que había sido conformada y reglamentada para incentivar el desarrollo económico y social de los tolimenses de menos recursos a través de créditos que financiaran proyectos productivos de micro- empresas y sistema empresarial en general y a pequeños y medianos agricultores. Miles de millones de pesos se fueron entregando con carácter de regalo, algo similar a Agro Ingreso Seguro (pues decidieron que no eran reembolsables) a diversos personajes para apoyar candidatos a elecciones. Los préstamos y autopréstamos se hicieron a familiares, miembros de directorios y funcionarios públicos.

-El Comité Ciudadano por la Transparencia de la Contratación en el departamento del Tolima, solicitó al propio gobernador en enero del 2010 el control a la corrupción en materia de contratación que se presentana en la Secretaria de Educación y la entidad contratante ONG FUNDACION COLOMBIA PRESENTE en razón de que allí, con la colaboración de funcionarios de esa Secretaría preparaban las propuestas y el supervisor de esos contratos, se prestaba recibiendo informes de ejecución sin verificar su cumplimiento, facilitando de esta manera entregar realizaciones incumplidas. Con esa entidad se efectuaron grandes contrataciones durante los años 2008, 2009 y 2010 para graduar de bachilleres a madres cabeza de familia lo cual fue una mentira. Pese a las denuncias efectuadas ante la propia oficina anticorrupción de la Presidencia de la República y La Procuraduría Regional del Tolima nada paso.

-Contratación a través de Convenios ínter-administrativos con Prohaciendo del Comité de Cafeteros, Edat Empresa de Acueductos y alcantarillados del Tolima, Egetsa Empresa Generadora de Energía del Tolima y Secretaría de Turismo y Cultura del Tolima, a través de los cuales se violó el sistema de contratación y se permitió el sobre costo de obras y el pago de contratos a medios de comunicación que permitieron el silencio de todo tipo de anomalías.

-Establecimiento de nóminas paralelas en la Gobernación y en la Alcaldía lo que colocó en serio riesgo la estabilidad financiera de los dos entes administrativos. Incluso se contrató personal sin las condiciones intelectuales o académicas con salarios superiores a los de profesional especializado y conductores con salarios superiores a los dos millones cuatrocientos mil pesos a pesar de la existencia en nómina de varios de ellos que no utilizaron por presunta desconfianza.

-Contratación de obras para la construcción del acueducto alterno de la ciudad de Ibagué por parte del Municipio con inversiones por más de 10 mil millones de pesos para concluir en que la obra no servirá para solucionar el problema y adquisición de materiales inservibles, que se convirtieron en un lastre para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, obligando a elevar las tarifas del servicio a las gentes de escasos recursos.

-Contrato elaborado por la Alcaldía de Ibagué con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la actualización catastral por más de 4 mil millones de pesos que se verificó con todo tipo de inexactitudes, comprobada corrupción por parte de los funcionarios encargados de censar los predios existentes, resultando de menor precios los de los barrios exclusivos que los de estratos 1 y 2. Muchos de ellos solicitaron dinero para cuadrar precios de predios, triplicando las tarifas del impuesto predial. Existe demanda sobre el tema en la mesa del Procuradora. Regional y la Fiscalía Seccional sin que hasta el momento se conozca decisión sobre el particular.

-Anomalías detectadas en la Entidad INFIBAGUE blanco de todo tipo de críticas por la contratación de obras que han sido un verdadero fracaso, caso concreto; la Calle 10 en la que se invirtieron más de dos mil millones de pesos en tres cuadras, así como las dependencias a su cargo como son La Gestora Urbana, Alumbrado Público y Parques y Zonas Verdes. Ejemplo: anomalías detectadas en análisis a los precios unitarios del convenio Asociativo celebrado entre las Gestora Urbana y Milton Enrique Oviedo para la construcción de los proyectos de vivienda de interés social: La Cima, la Ceibita, el Limón y Nueva Castilla. En la reelaboración de estas viviendas se pago metro cuadrado con punto intermedio de obra negra y obra gris a $670.000 mientras construcciones en uno de los barrios exclusivos de Ibagué como lo es Piedrapintada alta con terminado y buenos acabados el metro de construcción se conseguía a $900.000.

-Restauración Construcción Paisajismo Panóptico de Ibagué, monumento a la desidia. En la remodelación de la antigua cárcel se esfumaron inicialmente cinco mil doscientos millones de pesos. Se utilizaron materiales de baja calidad no hubo interventoría seria, y ni siquiera requerimiento a los responsables. Sobre este tema fue dejado en la propia Procuraduría General de la Nación el material correspondiente el pasado mes de Julio de 2010. Con anterioridad, el 26 de enero de 2009 ante Procuraduría Regional Tolima se había hecho la denuncia respectiva según copia existente por considerar que volvía a aparecer de nuevo la Fundación Colombia Presente en la interventoría. Y nada pasó.

En Melgar más 50 mil millones de pesos provenientes de regalías del petróleo se invirtieron en la construcción de dos “mega colegios”, obras que han sido objeto de debate permanente por parte de los habitantes de la localidad pero jamás de investigación por parte de los entes de control. Irregularidades como construir la primera fase del colegio Gabriela Mistral en una falla geológica de una ladera y la forma como se feriaron 200 millones de pesos en una interventoría que falló, hechos, además protegidos por una funcionaria de carácter nacional presuntamente de la oficina anticorrupción que debió ser la garante de la correcta inversión de los recursos públicos.

Existen documentos en el seno de la Procuraduría General de la Nación que pueden verificar los hechos aquí descritos amen de una interminable cadena de irregularidades que han originado el despilfarro de centenares de miles de millones de pesos mientras la población soporta estoicamente el atraso, las pésimas condiciones de salud y educación y la peor prestación de servicios públicos.