Hasta hace pocos días estaba vigente el Decreto 1844 del 2018, que le había dado facultades a la Policía para combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos.   En ese documento se incluía, además del procedimiento para la verificación, las consecuencias de la infracción y el protocolo para la incautación de las sustancias.

Se le ocurrió a este Gobierno derogarlo, a través del nuevo decreto 2114 de 2023 firmado por los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia. Según ese decreto nefasto se busca evitar "la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas" y "contrarrestar y atacar" la oferta de estas sustancias. El principal argumento es que ahora la policía se va a dedicar a perseguir a las grandes bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

A todas luces se trata de una medida retardataria, que permite que los delincuentes y los distribuidores de sustancias alucinógenas puedan vender al menudeo sin ningún freno, y sin ningún temor, todo tipo de sustancias ilícitas en parques y escenarios públicos de todos los pueblos y ciudades de Colombia. Quienes a diario visitan estos espacios buscando tranquilidad, lúdica y momentos tranquilos son las familias, acompañadas de sus hijos, de los jóvenes, de los adolescentes. Ahora, seguramente, al amparo de esta ocurrencia “brillante” tendrán que resguardarse en casa para evitar que sean acosados por los jíbaros y vendedores al menudeo de sustancias ilícitas. Qué equivocación tan monumental. 

Por fortuna, el Senado de Colombia archivó el proyecto de ley que buscaba regular el consumo de cannabis de uso adulto. La iniciativa se hundió nuevamente en el Congreso y no logró avanzar en el cuarto de sus ocho debates. Indudablemente, es un gran triunfo para quienes pensamos que el uso libertino de sustancias prohibidas traerán consigo el aumento de consumo entre jóvenes y ciudadanos de toda índole; que al amparo de lo que se pretendía aprobar, podían consumir abiertamente este tipo de sustancias.

Es claro que, con estas medidas impulsadas por el Gobierno Petro, como la permisividad para permitir el consumo en parques y sustancias psicoactivas y aquella que pretendía la legalización del cannabis, sólo busca la degradación de nuestra sociedad, la destrucción de la familia y el daño irreversible a las nuevas generaciones de colombianos.