Por: Marco Emilio Hincapié

“La intervención sistemática, arbitraria y violenta, de los miembros de la fuerza pública en manifestaciones públicas”, así lo ha sentenciado la honorable Corte Suprema de Justicia en su reciente fallo la sentencia SCTC 7641 del año 2020. Pronunciamiento que se origino tras una acción de tutela, interpuesta por los abusos de la fuerza policial y militar en las marchas de noviembre y diciembre de  2019. Igualmente por las violaciones graves a los derechos constitucionales a la vida, la integridad y libertades personales, así como la libertad de expresión, en el ejercicio del legítimo derecho constitucional a la manifestación pública en Colombia, consagrado en el artículo 37. 

El órgano de cierre en la sentencia de 171 paginas, al respecto se pronuncio “(i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa”1 . Hoy es evidente el incumplimiento de las ordenes emitidas por las altas cortes por parte de la fuerza pública, el desequilibrio de poderes, han sido los directamente responsables de la situación de incumplimiento que se esta presentando en estos momentos. 

El 17 de mayo de 2021, la ‘Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas’ reportó la siguientes cifras en materia de agresiones a la vida e integridad personal durante el periodo de manifestaciones: 381 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional (31 con lesiones oculares y 58 defensores de DDHH agredidos); 37 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la Policía; 15 casos de violencia sexual y basadas en género; 2854 detenciones en su mayoría sin el lleno de los requisitos legales, tan solo el 12.99% con fines de judicialización .

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Cifras escalofriantes y repudiables respaldadas por videos, fotografías y bastante material documental, que han despertado un sentimiento colectivo, donde la empatía, solidaridad y amor se ve en toda su expresión. No podría dejar de escribir este artículo sin mencionar el silencio de las autoridades locales y nacionales,  que han mostrado su apatía y  desconexión con el sentimiento colectivo a quienes gobiernan y los eligieron, para representarlos, acto seguido juraron cumplir la ley la Constitución en el momento de tomar posesión. La consciencia colectiva ha cambiado y solo esperamos un año más para manifestar nuestro sentir humano en las urnas y cambiar 200 años de injusticia.

 *Diputado Asamblea del Tolima

La columna escrita por Marco Emilio Hincapié no representa la línea editorial del medio El Cronista.co