Por Rubén Darío Rodríguez Góngora - Exalcalde de Ibagué y Exrepresentante a la Cámara

La directora de Contratación de la Alcaldía de Ibagué (Margarita María Rueda), en una actuación a todas luces legal y que la ciudad pedía a gritos, frente al fallido puente de la 60, contrato 1312 del 19 abril de 2023 por un valor superior a 39 mil millones de pesos, inicio la actuación tendiente a liquidar dicho contrato e imponer las multas al contratista por su incumplimiento (Ley 1174 DE 2011).

Digo a todas luces legal, porque un contrato que debió terminarse en 8 meses, ya había vencido este término y contaba con dos suspensiones, (una por la actual mandataria), con un escaso 5% de avance, luego lo procedente ante los requerimientos realizados al contratista y los reiterados incumplimientos de éste era liquidar el contrato unilateralmente e imponer las multas y sanciones de ley.

Curioso e Inaceptable que luego de iniciada esta actuación, según la propia Directora de contratación hubiese recibido AMENAZAS contra su vida, hasta en plena audiencia las recibió, amenazas que, ante el nulo apoyo de la administración municipal, y para proteger su sagrado derecho a la vida, decidió renunciar al cargo y para entregar al día sus procesos presentó la renuncia irrevocable a partir del 12 de julio de 2024.

Amenazas como las mencionadas por la afectada, no podemos normalizarlas, es decir sucedió y hacemos como si no hubiera pasado nada, claro que son absolutamente inaceptables, reprochables y debemos brindarle todo el apoyo a la funcionaria.

¿Tenemos que preguntarnos a quién o a quiénes perjudicaba esta actuación, aparte del contratista existen más personas que pudieran verse afectados?, debemos solicitarle a la Fiscalía General de la Nación una actuación pronta y efectiva, que nos absuelva estos interrogantes y tome las medidas pertinentes de forma tal que una situación como esta no se vuelva a presentar.

La integridad y protección de la vida está por encima de estos intereses oscuros, recordemos que la funcionaria presentó denuncia ante la Fiscalía por estos hechos el 23 de mayo de 2024.

Caso aparte es que cuando se presenta una renuncia irrevocable por parte de un servidor público de libre nombramiento y remoción, por ser libre y voluntaria, tiene el ordenador del gasto, que respetar la fecha presentada para su retiro por parte del profesional, ya que de ser modificada la fecha, como en el presente caso, que unilateralmente la ordenadora del gasto decidió modificar la fecha y en su defecto la acepto con una fecha que intencionalmente puso, siendo esta diferente a la manifestada por la funcionaria, cambia el sentido de la renuncia, ya no es voluntaria si no provocada, con las consecuentes responsabilidades.