Por Luis Guillermo Pérez - Abogado defensor de Derechos Humanos. ExSupersubsidio

Comparen ustedes las decisiones de la Procuraduría General de la Nación.  Mientras a Karen Abudinem se le archiva la investigación disciplinaria por haber anticipado 70 mil millones de pesos a Centros Poblados, que al día de hoy no han reintegrado, para llevar internet a escuelas rurales, contratando con una empresa más 270 millones de dólares que no reunía requisitos, que presentó 3 pólizas de cumplimiento falsas.

Que no era un contrato de menor cuantía sino de una enorme responsabilidad por la población objeto, la niñez rural de Colombia. A mí, en cambio, por orden de Margarita Cabello Blanco, se me aperturó una investigación disciplinaria que culminó en nueve meses de suspensión, la destitución de mi cargo como Superintendente de Subsidio Familiar y la inhabilitación general de mis derechos políticos por 12 años.

No hubo ninguna queja disciplinaria en mi contra, no hubo ningún hecho de corrupción, no hubo ningún testimonio que obrase en mi contra, no se demostró de ninguna manera que hubiese afectado la moralidad pública.

Se me sancionó por haber solicitado apoyos voluntarios y solidarios a los empresarios y directores de las Cajas de Compensación Familiar con la iniciativa de paz de Monseñor Rubén Darío Jaramillo en Buenaventura con recursos que llegaron directamente a la pastoral social que nunca pasaron por mis manos.

Cumplí un mandato gubernamental de nuestro Presidente @petrogustavo de impulsar la Paz Total. Según la Constitución en su artículo 22 la paz es un derecho pero un deber de obligatorio cumplimiento. La @PGN_COL concluyó que el llamar a la solidaridad con la paz no estaba en mi manual de funciones.

Por otra parte, se me sancionó porque abrí una lista cerrada para nombrar agentes de intervención o directores de Cajas intervenidas, que dejó el gobierno de Duque un día hábil antes de terminar su mandato presidencial, sin existir obligación legal ni reglamentaria de establecer una lista. Ninguno de los integrantes de la lista cerrada del gobierno de Duque demandó mi resolución, ninguno testimonió en mi contra, al contrario, varios de ellos a mi favor.

La @PGN_COL para “justificar” la persecución política en mi contra, consideró que la resolución con la que abrí la lista era inconstitucional, era ilegal pero nunca la demandó ante el juez natural, la justicia contenciosa administrativa, ni lo hizo ninguno de los presuntos afectados.

“Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”. (Montesquieu)