El propósito del Gobierno Nacional con esta iniciativa es que los ciudadanos ya no tengan que desplazarse a las entidades y puedan realizar los trámites de manera digital. Con este logro, se ahorra tiempo y recursos.

Dentro de los principales cambios que contiene esta medida sobresale la que tiene que ver con que las autoridades no podrán solicitar en desarrollo de sus trámites aquellos requisitos o documentos que reposen en base de datos o sistemas de información del Estado.

Principales mejoras 

A partir del 2020, los contratistas del Estado no deberán presentar físicamente en sus cuentas de cobro la planilla de pago de seguridad social, puesto que las entidades tendrán acceso a la información en tiempo real de los aportes correspondientes en las bases de datos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

De igual manera, se estandarizarán los trámites para que los ciudadanos puedan llevar a cabo la solicitud de sus cesantías y pensión, independientemente del régimen en el que se encuentre (público o privado). 

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En materia ambiental se unifican los formatos para las concesiones, autorizaciones, permisos y licencias ambientales, así como la obligación del uso por parte de las autoridades ambientales de una Ventanilla Única de Trámites Ambientales- VITAL, encargada de recibir todas las solicitudes a nivel nacional. 

En aspectos tributarios, se destaca la intervención a toda la cadena que genera el Impuesto al Consumo de licores en el que se crea un Sistema Integrado que le permita agilizar los registros y seguimiento de la información de producción, distribución, consumo, declaración y pago de esta obligación tributaria. Se estableció una actualización electrónica, así como formularios únicos que permitan una mejor cooperación entre entidades nacionales y territoriales. 

El Decreto Ley Antitrámites posibilita que las notarías puedan emitir actos y escrituras públicas, ciento por ciento digitales, y que puedan firmarse de esta manera. Las copias de los documentos notariales también podrán expedirse de manera electrónica, mejorando los tiempos de respuesta y evitando al ciudadano los desplazamientos hasta esas dependencias.  

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“Estamos transformando el Estado y dando un salto que nos lleva a tener un servicio más ágil con la ciudadanía, sin trabas u obstáculos y entendiendo las necesidades de los colombianos. Hemos priorizado que estas intervenciones de trámites mejoren la Legalidad, la Equidad y la Lucha contra la Corrupción. Por eso es una obligación, a partir de este momento, que las entidades habiliten medios de pago electrónico y empiecen a fortalecer los canales de atención digital a los ciudadanos”, indicó el director del Departamento Administrativo de Función Pública, Fernando Grillo.