Durante el primer trimestre de 2021 la Misión de Observación Electoral – MOE registró un total de 112 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en todo el territorio nacional. Las agresiones disminuyeron en un 13% en comparación con el mismo periodo de 2020, pero aumentaron en un 20% respecto
a lo ocurrido en 2019.

Antioquia, Cesar, Sucre y Cauca son los departamentos más peligrosos para los líderes. No obstante, se registraron hechos en 21 de los 32 departamentos del país. Es decir que, con apenas tres meses de registros durante este año, el fenómeno ya tiene afectaciones en el 66% de los departamentos. Por ello, es necesaria una acción urgente y generalizada de autoridades de todos los niveles territoriales para proteger la vida de los líderes y lideresas en todo el país.

Prenden las alarmas las regiones PDET, pues allí se han cometido más de la mitad de la totalidad de hechos del país (52%). Si bien este número se redujo en un 8% en los tres primeros meses del 2021, pasando de 63 a 58 hechos, hubo un incremento del 9% en las amenazas y de 75% en los atentados.

Los líderes y lideresas sociales son el tipo de liderazgo más afectado, con un total de 60 hechos victimizantes. Aunado a ello, en lo que va del 2021 los líderes sociales han concentrado el 54% de los asesinatos registrados en el país. Esta situación evidencia el alto grado de vulnerabilidad de las personas que desde los distintos territorios procuran liderar procesos y proyectos en pro de sus comunidades.

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En este sentido, es necesario enfatizar sobre la situación vivida por los liderazgos indígenas, ya que las 16 afectaciones en su contra representan un aumento del 33% frente a lo ocurrido en el mismo periodo del año anterior. Aunado a esto, el 44% de los hechos violentos perpetrados en su contra fueron letales (6 asesinatos y 1 atentado). Al respecto, Alejandra Barrios, Directora de la MOE señaló que “no podemos normalizar la
violencia en los territorios; las luchas en defensa de los derechos no pueden seguir costando la vida a nuestros líderes, a nuestras lideresas”.

Ahora, en el primer trimestre del 2021 se registraron 42 hechos de violencia en contra de los líderes políticos. Resulta preocupante el recrudecimiento de la violencia, en la medida que los asesinatos aumentaron un 62% en comparación con el primer trimestre de 2020
(al pasar de 8 a 13), y en un 177% con respecto al último trimestre de ese mismo año. Para Diego Rubiano, subcoordinador del observatorio político electoral de la MOE, “este panorama genera preocupación pues si la violencia contra líderes políticos se está recrudeciendo desde el año preelectoral, el 2022 puede presentar un panorama devastador.

Durante el periodo estudiado, se presentaron un total de 10 hechos de violencia contra líderes comunales, lo que representa una reducción del 38% respecto de las 16 agresiones registradas en el 2020. Marzo fue el mes que menos hechos de violencia registró (2) en el trimestre, lo que coincide con la suspensión de las elecciones de Juntas de Acción Comunal.

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Para la MOE resultan preocupantes los ataques de los que son víctimas las lideresas, pues concentran el 26% de los hechos violentos del país (29). En su caso, destaca la letalidad en las afectaciones, que aumentó en un 12% con relación al año anterior. El 37,5% de las agresiones perpetradas en contra de lideresas políticas, y el 35,3% de las afectaciones contra lideresas sociales fueron letales. No obstante, las amenazas siguen siendo el hecho más recurrente. Al respecto, Barrios señaló, “quien amenaza a lideresas recurre también a estereotipos y simbolismos que extienden la afectación a sus familiares y allegados, afectando así no solo la integridad psicológica de quienes las rodean, sino convirtiéndose en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en esos mismos espacios”.

En este periodo preelectoral, es necesario que se materialicen esfuerzos desde el Gobierno Nacional y demás niveles territoriales para transformar el sistema de prevención y protección de líderes y defensores de derechos humanos. “Repensar el sistema de protección es necesario para incluir esquemas de protección colectiva, complementaria a la
individual, ya que es por esta vía que pueden aplicarse enfoques diferenciales, que atiendan las condiciones de género, étnicas y geográficas de quienes requieren protección. De esta manera se logrará atender de mejor forma los fenómenos de violencia hacia los liderazgos que en pleno periodo preelectoral ya está dando visos de lo que puede significar esta situación”, indicó Pamela San Martín, coordinadora de la investigación.