Por Juan Sebastián Amézquita Calderón

El gobierno de Abelardo de la Espriella se muestra decidido a estrechar los vínculos con Washington y Tel Aviv. A propósito de la tragedia causada por el terremoto del 10 de agosto, su administración ha profundizado la cooperación con Estados Unidos e Israel y ha adoptado un discurso de alineamiento estratégico con ambos países.

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Incluso ha recurrido al lenguaje de modelos externos para pensar la reconstrucción nacional, como cuando habló de un “Plan Marshall” para el Chocó. El problema no es recibir ayuda extranjera. El problema aparece cuando el gobierno actual empieza a mirar hacia afuera para encontrar soluciones a problemas que deberían se resueltos desde nuestra propia realidad.

Las ruinas en el Chocó no son las mismas de la Europa de 1945, Colombia no es Israel y nuestra sociedad no es la estadounidense. Aquí la preocupación adquiere otra dimensión cuando hablamos de seguridad y tecnología. Colombia ya conoce el caso Pegasus, el software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, cuya adquisición por parte del Estado colombiano generó investigaciones y cuestionamientos después de que surgieran indicios sobre su posible utilización contra ciudadanos. El episodio demostró que la cooperación tecnológica no es políticamente neutral: detrás de una herramienta de inteligencia existe también una enorme capacidad potencial de vigilancia.

George Orwell lo anticipó en 1984: un Estado no necesita perseguir permanentemente a todos sus ciudadanos si consigue que todos sepan que pueden estar siendo observados. Michel Foucault, mediante el panóptico, explicó algo todavía más profundo: el poder alcanza su máxima eficacia cuando el individuo termina vigilándose a sí mismo. Y Aldous Huxley, en Un mundo feliz, imaginó una dominación diferente: aquella que no necesita imponer únicamente miedo, porque consigue que los ciudadanos acepten el control a cambio de seguridad, comodidad y entretenimiento.

Esas tres advertencias deberían acompañar cualquier debate nacional sobre inteligencia artificial, reconocimiento facial, biometría, interceptación de comunicaciones o análisis masivo de datos.

Es importante señalar que el problema no es que Israel posea tecnología avanzada. El problema es quién controla esa tecnología, quién controla los datos y qué garantías tiene el ciudadano frente al poder. Las mismas herramientas que pueden combatir el crimen pueden convertirse, sin controles democráticos, en instrumentos para perseguir opositores, periodistas, dirigentes sociales o ciudadanos incómodos con la visión de país que impone De la Espriella.

Por eso tampoco basta con preguntar si Israel intervino directamente en las elecciones colombianas. Hasta ahora no existe evidencia pública suficiente para sostener que Israel haya decidido la elección de De la Espriella. Pero sí existe una pregunta política legítima: ¿qué ocurre cuando un gobierno colombiano decide importar modelos extranjeros de seguridad, vigilancia y política exterior sin preservar una autonomía estratégica propia?

Aquí resulta útil el planteamiento de Antonio Gramsci. Su concepto de hegemonía cultural permite entender que el poder no se conquista únicamente mediante instituciones o fuerza: también se conquista cuando determinadas ideas consiguen convertirse en sentido común. El verdadero peligro de la llamada “batalla cultural” es que Colombia termine aceptando como normales conceptos que antes habría cuestionado: que la seguridad justifica mayores controles, que el adversario político es un enemigo, que la protesta es una amenaza o que la vigilancia es el precio inevitable de la tranquilidad.

La advertencia frente a esto es que las democracias pueden comenzar a erosionarse cuando el miedo, la polarización, el culto al líder y la eliminación simbólica del adversario empiezan a justificarse en nombre del orden.

Estados Unidos evidencia una alerta contemporánea con Donald Trump y la creciente preocupación de organizaciones y académicos por la concentración del poder ejecutivo y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. Gaza formula otra pregunta, todavía más dolorosa: ¿qué puede ocurrir cuando la deshumanización del enemigo termina justificando niveles devastadores de violencia?. Naciones Unidas ha documentado graves violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza, mientras la Corte Penal Internacional mantiene una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, Turquía ha hecho lo propio en los pasados días.

Colombia no debe importar ninguna de esas lógicas. La posición política del pueblo colombiano debería estar unificada contra cualquier Estado que pretenda convertir su modelo militar, tecnológico o político en referencia obligatoria para Colombia.

Gustavo Petro acertó: Colombia no puede cambiar una dependencia por otra. La verdadera soberanía no consiste en romper relaciones con Estados Unidos o Israel; consiste en poder decirles sí cuando conviene al país y no cuando nuestros intereses, nuestra legislación o nuestros principios están en juego. De la Espriella podrá tener el derecho a cambiar la política exterior colombiana. Pero Colombia tiene derecho a preguntarse qué precio pagará por ese cambio.

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Porque quizá el mayor peligro no sea que mañana aparezca un Gran Hermano extranjero vigilándonos. Quizá sea algo mucho más silencioso: que adoptemos su lenguaje, copiemos sus métodos y terminemos considerando normal aquello que alguna vez nos habría parecido intolerable. La puerta todavía puede permanecer cerrada de cara a una nueva colonización cultural y de la conciencia colectiva. Pero si De la Espriella decide abrirla de par en par a Trump, a Netanyahu y a sus modelos de poder, corresponderá a nosotros como sociedad colombiana decidir si queremos atravesarla.