Por Alba Lucía García

*Abogada de la U. Externado de Colombia. Dra en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y líder en desarrollo regional.

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) fueron creadas con una misión que parece incuestionable: velar por el equilibrio entre desarrollo y cuidado ambiental.

En teoría, su papel es garantizar que las obras de infraestructura no destruyan ríos, suelos o bosques. Pero en la práctica, en regiones como el Tolima, terminan convertidas en árbitros políticos que frenan proyectos claves para la vida diaria de la gente.

Un ejemplo sencillo es el puente sobre la quebrada Palmarosa de Venadillo, detenido por meses debido a un trámite de ocupación de cauce. Una obra financiada con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), es decir, con dineros que deberían volver a la comunidad en forma de progreso. El proyecto no es un capricho político, es una necesidad. Mejora la movilidad, reduce tiempos de viaje y conecta de manera más segura a los ciudadanos.

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Y ni hablar del proyecto de energías limpias de la empresa Voltalia, que buscaba instalar un parque solar en el Tolima. Una apuesta que encajaba con las metas nacionales de transición energética y que prometía inversión y empleo. Sin embargo, Cortolima negó la Licencia Ambiental, cerrando la puerta a esta iniciativa, condenando a Venadillo al atraso.

Los datos muestran que este no es un caso aislado. Según la Contraloría, entre 2020 y 2023 más de 3.200 proyectos de infraestructura en el país sufrieron retrasos por falta de licencias o permisos ambientales. Y en el Tolima, basta recorrer algunos municipios para encontrar obras varadas porque CORTOLIMA se demora meses —a veces años— en responder.

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La paradoja es clara: las instituciones que deberían ser aliadas del desarrollo sostenible, terminan actuando como filtros políticos que castigan a los municipios según de qué color sea su gobernante. El discurso del cuidado ambiental se usa como excusa para bloquear, cuando lo que debería hacerse es acompañar, corregir y facilitar que las obras se hagan bien, no que no se hagan.

Vale hacernos una pregunta incómoda: ¿tenemos guardianes ambientales o frenos al desarrollo regional? Porque mientras la respuesta se aclara, son los ciudadanos —sin importar por quién votaron— los que siguen esperando puentes, acueductos y hospitales que nunca llegan.

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