El concejal de Ibagué Andrés Zambrano respondió al exalcalde Andrés Hurtado, quien hace algunos días publicó un video explicando su versión sobre lo ocurrido con el puente de la calle 60 de Ibagué.

Zambrano inició su pronunciamiento afirmando: “Yo le voy a explicar cómo desaparecer un puente en Ibagué”, y señaló que lo que fue vendido como una gran solución a los problemas de movilidad de la ciudad terminó convirtiéndose, tres años después, en una promesa incumplida de la administración Hurtado.

“Todo inició en el año 2021, cuando se contrataron unos estudios y diseños por 2.073 millones de pesos. Y es aquí cuando se empiezan a caer por su propio peso”, expresó el concejal.

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El cabildante aseguró que la respuesta de la Alcaldía frente a una obra que nunca arrancó ha sido “defender lo indefendible” y responsabilizar a otras entidades por la falta de permisos para iniciar el proyecto.

Según Zambrano, se ha señalado a Cortolima y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia como responsables de los retrasos por permisos y licencias, pero afirmó que “esto es totalmente falso”.

Además, agregó: “Muy bien lo establece el Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.1.2.1.1, que uno de los requisitos para poner la primera piedra en una obra como esta es tener listos todos los permisos”.

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En ese sentido, aseguró que la administración de Hurtado hizo todo lo contrario: primero puso la primera piedra y adjudicó un contrato por 39.000 millones de pesos, y solo después inició la búsqueda de permisos y licencias.

Sobre los recursos invertidos, Zambrano afirmó que a la fiducia se le anticiparon 11.743 millones de pesos. De ese monto, el contratista habría recibido 2.627 millones y la interventoría otros 1.928 millones, pese a que la obra apenas alcanzó un avance del 5,5 %.

“Al contratista le declararon el incumplimiento porque no tenía plata para ejecutar esta obra”, sostuvo el concejal, quien explicó que dicha situación llevó a que la aseguradora pagara 3.900 millones de pesos a la administración municipal.

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“En total, desde estudios y diseños hasta pagos a la interventoría, se desembolsaron 6.628 millones de pesos. Si se suma el valor de la póliza de detrimento patrimonial, las pérdidas reales serían de 2.713 millones”, agregó.

Finalmente, Zambrano advirtió que tanto el contratista como la aseguradora demandaron al municipio por más de 70.000 millones de pesos, lo que podría representar un nuevo impacto económico para los ibaguereños. “Hay que ser muy descarados para salir a defender lo indefendible” concluyó.