Habitantes del sector rural de El Salado, en el proyecto Reservas del Paujil, hicieron un llamado a las autoridades locales para que respeten su derecho a la propiedad privada y señalaron que un juez de la República les dio la razón al suspender provisionalmente el fallo de primera instancia emitido por el excorregidor, Fernando Guzmán Aldana de El Salado, situación que desencadenó enfrentamientos entre la Policía y la comunidad.

Las 26 familias aseguran ser propietarias legales de los terrenos, adquiridos mediante escritura pública registrada y plano topográfico protocolizado desde 2017. Además, sostienen que no son invasores y que el proyecto corresponde a un proceso de vivienda social por autoconstrucción impulsado por familias de escasos recursos donde hay más de 400 lotes o familias asociadas.

Las líneas amarillas son las vías de ingreso actuales y la franja en morado es la servidumbre de paso que está en disputa con Diego López Estrada. 

Denuncian que las familias fueron afectadas por una actuación administrativa que delimita una servidumbre de paso dentro del predio emitida por el excorregidor, Fernando Guzmán Aldana el 2 de octubre de 2024 a favor del dueño del predio colindante Diego López Estrada, esto, pese a que el caso se encuentra en disputa judicial desde 2023 y no hay decisión al respecto.

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Asimismo, acusan a López Estrada de intervenir y ampliar reiteradamente la supuesta vía dentro de los terrenos sin una decisión judicial definitiva. También señalaron que la medida de status quo emitida por el excorregidor perdió vigencia el 5 de noviembre de 2024 , debido a que ninguna autoridad ordenó su continuidad o prórroga.

En este contexto, afirman que se vulneró el debido proceso debido a que, el pasado 7 de mayo, bajo actuaciones lideradas por la corregidora encargada de El Salado, Nikoll Padilla, fueron demolidas construcciones levantadas por las familias, con maquinaria y acompañamiento de la fuerza pública.

En ese sentido, indicaron que un juez de la República, tras los hechos, decretó el pasado 12 de mayo una medida provisional dentro de una acción de tutela, ordenando suspender las actuaciones relacionadas con órdenes emitidas por el excorregidor de El Salado mientras se resuelve de fondo el proceso.

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Igualmente, hicieron un llamado al secretario de Gobierno, Francisco Espín, para que agilice el trámite de la apelación, pues aseguran que han pasado más de 18 meses desde que fue presentada contra la decisión administrativa inicial y aún no se ha emitido un fallo de segunda instancia.

Las familias señalaron: “Hoy denunciamos públicamente la vulneración de nuestros derechos al debido proceso, a la defensa, a la propiedad privada y a la vivienda digna, las cuales se han construido con esfuerzo y sacrificio familiar, sin el más mínimo apoyo del gobierno local, pese a las múltiples solicitudes realizadas durante años a quienes tienen el deber de atender las necesidades de una comunidad que cumple con sus obligaciones legales, fiscales y tributarias con el municipio”.

Finalmente, solicitaron la intervención de la Alcaldía de Ibagué, organismos de control, la Personería, la Defensoría del Pueblo y entidades de Derechos Humanos, y pidieron que su propiedad sea respetada “y no solamente para pagar impuestos”.