El pasado 6 de noviembre, a través de una carta firmada por Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño Soto y Fernando Ruiz Gómez, exministros de Salud; así como por Eduardo Alvarado Santander, Carlos Castro Espinosa y Blanca Elvira Cajigas Castro, exviceministros de Salud, y Jairo Núñez Méndez, exviceministro Técnico, se hizo un llamado conjunto sobre lo que califican como un colapso deliberado del sistema de salud en Colombia.

En su misiva, los exfuncionarios señalaron que: “Durante los últimos tres años, el Gobierno Nacional ha intentado por todos los medios imponer su reforma al sistema de salud”, y agregaron que dicha iniciativa no se ha sustentado en
“argumentos técnicos ni evidencias que convenzan a la mayoría del sector salud y de la sociedad”.

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También afirmaron que la reforma a la salud, “no cumple con los mínimos constitucionales para transformar un sistema que regula y protege un derecho fundamental, no cuenta con un aval fiscal para su financiamiento”.

En síntesis, los exministros acusan al Gobierno de haber provocado la crisis financiera del sistema para forzar su colapso y así legitimar la implementación de una nueva reforma, más que de enfrentar un problema estructural o espontáneo.

La respuesta del Gobierno

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió señalando que la crisis es real, pero que fue producto “de desfalcos billonarios, de la liquidación de cientos de EPS y del ocultamiento de cifras durante 25 años”, y sostuvo que los exministros “también la planearon”.

Jaramillo recordó que el Gobierno de Gustavo Petro lleva más de dos años presentando la reforma a la salud, “pero la inoperante Comisión Séptima se niega a debatirla, pese a tener el aval fiscal desde hace meses”.

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El Gobierno Nacional ratificó que el Ministerio de Hacienda radicó el pasado 20 de agosto ante la Comisión Séptima del Senado el documento con el aval y los soportes financieros exigidos para el trámite de la reforma, por lo que la proposición de la senadora Nadia Blel carecería de fundamento.

La disputa entre el Gobierno y los exministros deja en evidencia que la crisis del sistema de salud se ha convertido en un campo de batalla político, donde las acusaciones cruzadas reemplazan el debate técnico. Una oposición que busca cualquier argumento para frenar la discusión de la reforma, mientras al Gobierno se le agota el tiempo para tramitarla.

Lo cierto es que, entre reformas truncadas, desfalcos históricos y pugnas de poder, sigue en riesgo la atención de millones de colombianos que padecen las consecuencias de un sistema atrapado entre la corrupción, burocracia y la confrontación partidista.