La primera mandataria del departamento del Tolima emitió un pronunciamiento público dirigido a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa con el fin de alertar sobre el deterioro de la seguridad en la zona sur del territorio regional. El requerimiento se formuló ante los recientes actos violentos registrados en el municipio de Ataco, donde se reportó la pérdida de vidas humanas y la desaparición de varios ciudadanos en un lapso de setenta y dos horas.

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Durante la manifestación oficial, la jefe de la administración departamental enfatizó la gravedad de las cifras operativas y de violencia en la jurisdicción. Según lo expuesto por Adriana Magali Matiz, los hechos actuales representan un retroceso en las condiciones de convivencia ciudadana y estabilidad que la región venía consolidando en los últimos años, por lo cual se requiere una intervención inmediata de las instituciones del Estado.

Respecto a las causas del fenómeno, la administración relacionó los ataques violentos con la presencia de organizaciones delictivas financiadas por actividades extractivas no autorizadas. Las autoridades locales indicaron que la explotación irregular de yacimientos auríferos en municipios como Chaparral y Ataco genera recursos económicos que fortalecen a estos grupos y afectan el orden público en toda la zona.

En la declaración se evaluaron las acciones operativas implementadas hasta la fecha por parte de la Fuerza Pública en los corredores viales y rurales del sur tolimense. De acuerdo con la mandataria, los procedimientos interinstitucionales no han alcanzado los resultados requeridos para neutralizar el accionar de las estructuras delictivas que operan en los sectores afectados.

Ante este panorama, la gobernación planteó medidas específicas que incluyen el despliegue militar directo en el municipio de Ataco y el fortalecimiento del pie de fuerza en las áreas limítrofes. Entre los requerimientos puntuales presentados a la cartera de Defensa se encuentra el retorno de unidades especializadas de despliegue rápido (FUDRA) para intensificar el control territorial.

La administración departamental reiteró que las advertencias sobre el incremento de la extracción ilegal de minerales en la cuenca sur se habían presentado con anterioridad ante los organismos de seguridad. La gobernadora sostuvo que la falta de acciones decisivas en la erradicación de esta actividad ilícita facilitó el deterioro paulatino de la tranquilidad de las comunidades rurales.

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Desde el gobierno departamental manifestó su disposición de coordinar esfuerzos con la administración central para la ejecución de los planes de contingencia requeridos. La solicitud formal busca evitar la reiteración de hechos de violencia y restablecer las condiciones de seguridad integral mediante la acción coordinada de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Gobernación del Tolima.