Una decisión del Juzgado 24 de Familia de Bogotá emitida el 28 de octubre de 2026 estableció un plazo de cuarenta y ocho horas para que el Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional devuelvan a sus espacios los elementos retirados de las salas. Esta medida responde a una acción constitucional presentada por Gabriel Becerra Yáñez y otros ciudadanos, quienes solicitaron la protección de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la cultura y la memoria histórica.

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El fallo judicial especifica que las entidades involucradas deben garantizar las condiciones técnicas necesarias para la conservación de los objetos durante el proceso de restitución. Asimismo, la providencia determina que cualquier modificación futura en la exhibición del museo debe someterse a los procedimientos internos establecidos por el Comité de Gestión Patrimonial de la institución.

La solicitud inicial fue interpuesta de manera conjunta por Gabriel Becerra Yáñez, Jorge Virviescas y Kevyn Muñoz Torres bajo el argumento de presuntas vulneraciones a la igualdad, la libertad de expresión y la prohibición de censura. Los accionantes argumentaron que el retiro de las piezas afectaba el derecho de la ciudadanía a presenciar la totalidad de la muestra cultural dispuesta inicialmente en las instalaciones del museo.

El documento del juzgado también incluye la acumulación de múltiples expedientes presentados por diferentes ciudadanos que buscaban amparar garantías constitucionales similares ante diversos despachos judiciales de la capital. Cada uno de estos casos fue evaluado dentro de la misma decisión para emitir una orden unificada dirigida a las entidades estatales responsables de la administración del patrimonio cultural.

En el contenido de la sentencia se aclara que las entidades deben abstenerse de retirar elementos de la exposición por motivos vinculados al contenido de las piezas o a los puntos de vista expresados en ellas. Cualquier cambio futuro en las salas requiere de una decisión motivada y pública que respete los enfoques de pluralismo e igualdad establecidos en la normatividad vigente.

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El despacho ordenó la notificación de esta providencia a todas las partes involucradas mediante el mecanismo más rápido y determinó que, de no ser impugnada en el plazo legal establecido, el expediente deberá ser remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Las autoridades correspondientes tienen la obligación de informar públicamente sobre el cumplimiento de estas disposiciones a través de sus canales institucionales.