A 36 años del asesinato del exsenador y candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), Bernardo Jaramillo Ossa, ocurrido el 22 de marzo de 1990, los responsables de este magnicidio aún no han sido plenamente capturados ni se ha revelado toda la verdad.

En el Puente Aéreo de Bogotá, un sicario de 16 años, Andrés Arturo Gutiérrez Maya, apagó la vida de uno de los políticos con mayor proyección hacia la Presidencia de Colombia. El abogado Jaramillo Ossa era entonces la principal figura de la Unión Patriótica, partido surgido tras el proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP.

Tras su participación en las elecciones, la UP adquirió una fuerza política inesperada, lo que fue interpretado como una amenaza por grupos paramilitares y sectores de la política tradicional. El resultado fue el exterminio de más de 6.000 militantes y simpatizantes, víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, en lo que ha sido calificado como un genocidio político.

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Entre las víctimas más recordadas se encuentra Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la colectividad, asesinado en 1987 y quien era entonces su principal dirigente. Tras su muerte, Bernardo Jaramillo asumió el liderazgo del partido. Antes de su candidatura presidencial, Jaramillo había sido concejal en Apartadó, representante a la Cámara por Antioquia y senador de la República.

Su campaña a la Presidencia se lanzó bajo el lema: «Venga esa mano, país», con el que buscaba conciliar a un país fracturado por el conflicto armado, la violencia política y la presencia de poderosos grupos paramilitares y del narcotráfico.

En su apuesta política, trató de desvincular a las FARC de la Unión Patriótica, criticando públicamente la política de la guerrilla conocida como «la combinación de todas las formas de lucha», con la intención de construir una imagen del partido alejada de la violencia tanto de la guerrilla como de los paramilitares.

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Jaramillo Ossa denunció reiteradamente que la violencia ejercida contra la Unión Patriótica contaba con la complicidad de miembros estatales. «No se puede hablar de paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos con la violencia hacia la población civil», señaló.

El día de su asesinato 16 escoltas pertenecientes al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), lo acompañaban. Fue baleado por una ametralladora y murió en la clínica de la Policía Nacional.

El Estado declaró el magnicidio como crimen de lesa humanidad, lo que impide que las investigaciones prescriban. Sin embargo, 36 años después de estos hechos, su muerte continúa en la impunidad. No existe un esclarecimiento pleno ni verdad judicial sobre los autores intelectuales de este asesinato.

El narcotraficante Pablo Escobar aseguró en su momento no haber participado en el crimen, mientras que los hermanos Fidel y Carlos Castaño también afirmaron que, en la reunión donde se habría acordado el asesinato, se opusieron a su ejecución.

Tras su homicidio, Manuel Cepeda Vargas, padre del actual senador y candidato presidencial Iván Cepeda, asumió el liderazgo de la Unión Patriótica hasta su asesinato en 1994.