Por Humberto Leyton

El ingreso del abogado Luis Felipe Aranzález, al equipo de consultores del municipio de Ibagué, augura cambios en la forma poco clara en la contratación del exalcalde Hurtado.

Con el cumplimiento de todos los requisitos de ley en las licitaciones y contrataciones, sin hacerles esguinces ni trampas, se perfila la adjudicación de la cacareada remodelación del Parque Centenario para el 6 de junio, con el cambio del comité evaluador de propuestas, donde seguramente la empresa de Cali, a la que se le iba adjudicar el contrato direccionado por el equipo de Andrés Hurtado, tendrá que competir con otros proponentes que, al parecer, han hecho mejores propuestas que la empresa escogida por el exalcalde de Ibagué.

Esta obra está calculada en más de siete mil millones de pesos.

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De otra parte, se pudo establecer que el contratista ‘ganador’, escogido por Hurtado para la instalación de la nueva tecnología del sistema de semaforización, la Unión Temporal Ibagué Smart City, cuyo representante legal es Edgar Jiménez Carreño, será sancionado con una multa, propuesta inicialmente, de 200 millones de pesos por el incumplimiento en la iniciación de las obras, las que llevan más de 60 días de retraso, pese a los insistentes llamados que se le han formulado.

Esta contratación se hizo por nueve mil millones de pesos.

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No obstante, que el ingreso del equipo de Aranzález, tiene estos dos hechos ya cocinados para demostrar que algo quiere cambiar la alcaldesa Aranda, en el truculento sistema de contratación en el municipio, ¿se podría considerar que el solo ingreso del equipo interdisciplinario del abogado Luis Felipe Aranzalez Bravo, marcará el principio del desplome del sistema corrupto de contratación del exalcalde Andrés Hurtado? La respuesta es no.

Para que esta premisa se cumpla debemos esperar un tiempo. Ver en la práctica las acciones y la nueva metodología que implementará este bufet de especialistas, contratado por la alcaldesa Johana Aranda, precisamente para cambiar esa imagen de contrataciones amañadas y direccionadas que desde el principio de su administración patrocinó e impulsó el cuestionado y polémico exalcalde Andrés Hurtado (2020-2023).

Y este punto de la forma de contratación en el municipio es clave para trazar los nuevos rumbos que necesita la ciudad con urgencia. No importa que se hayan registrado algunos cambios o enroques en la administración para continuar lo mismo; es necesario hundir el dedo en la llaga, donde está el cáncer de la ciudad que es la corrupción por el modelo de contratación que en forma perversa orienta el nefasto exalcalde Andrés Hurtado y su clan.

Eso del cambio de funcionarios es lo de menos, desde que no se tenga una orientación clara y transparente hacía dónde se quiere dirigir el gobierno de la señora Aranda. Si en verdad quiere deslindarse de su promotor Hurtado, tiene que demostrar en primer lugar que los recursos e impuestos de los ciudadanos se van a invertir correctamente en obras de infraestructura y sociales que de una u otra forma impacten a la comunidad. Para ello, requiere como mínimo de dos cosas: una contratación transparente que no deje dudas, y el nombramiento de funcionarios probos de primer nivel capaces de elaborar y realizar proyectos de desarrollo en todos los campos. No de mediocres mandaderos como los que hasta el momento ha tenido la alcaldía anterior como ahora en la de Aranda, nombrados por Hurtado.

Si se quiere dar la sensación o enviar un mensaje de independencia y autonomía de la actual administración, la principal autoridad del municipio debe tener el valor y el carácter suficiente para emprender una cruzada y desmontar el andamiaje que dejó el sub judice Hurtado en las principales dependencias de la Alcaldía de Ibagué.

Por ejemplo, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué (IBAL), es la república independiente del clan Hurtado. Allí , los que realmente mandan y dirigen son ellos, no es la alcaldesa Aranda, pese a ella ser la presidenta de la junta directiva de la empresa. La joya de la corona está quedando en las ruinas, no obstante, las elevadas tarifas que por los servicios de agua y alcantarillado le están llegando a los usuarios.

En el IBAL quí también tiene su nido el oscuro ingeniero Diego Herrán, por ser el encargado de la manipulación y direccionamiento de las contrataciones de más relevancia de la administración central municipal y de entes descentralizados como el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), Infibagué y, por supuesto, ahora el IBAL.

El IBAL es la caja menor del clan Hurtado para su campaña electoral, y desde que no haya el relevo de Erika Palma de la gerencia de esta entidad, las cosas seguirán empeorando, porque el compromiso de esta funcionaria es con su verdadero jefe, el exalcalde Hurtado que la llevó a ese cargo y la ha sostenido,  y no con la actual Alcaldesa.

La alcaldesa Aranda también debe de entender, que con el cambio de algunos nombres en su administración, más que cambios, son traslados,  no se solucionan los problemas de Ibagué ni cambia la imagen de su administración ninguneada y sometida a los intereses de Hurtado. Debe ir más a fondo y tocar la opacidad en la contratación que es la alcantarilla por donde se dilapidan los recursos que pagan los contribuyentes con sus impuestos.

El trabajo de Aranzalez

Aunque la contratación del equipo interdisciplinario del abogado Luis Felipe Aranzalez, no será la panacea para los males que tiene la cuestionada escuela de contratación de Hurtado, si aspiramos a que se supriman las costumbres malignas en los equipos evaluadores de las propuestas en las licitaciones públicas. Por ejemplo, que de siete proponentes que se presenten a una licitación, no sean descartados seis, y solo quede el señalado por el nefasto exalcalde.

Que las contrataciones que se realicen sean con pliegos tipo y que se dé oportunidad a todos de participar, que sean verdaderamente abiertas para empresarios, ingenieros y contratistas sin trampas calculadas como inventarse requisitos para que sea sólo uno el que los cumpla , alterar o falsificar documentos, y/o analizar subjetivamente las fórmulas del método para la ponderación de las propuestas, entre otros.

Se espera que el proceso de contratación para la construcción y rehabilitación de la deteriorada malla vial de Ibagué, y el proceso de la licitación para la actualización del catastro multipropósito, donde el gobierno municipal aspira a recolectar más de 16 mil millones de pesos, sean la prueba de este nuevo grupo encabezado por Aranzalez,  que intenta transfigurar el rostro feo de la contratación gubernamental en la capital del Tolima.

Consultado el abogado Aranzalez Bravo, para despejar suspicacias sobre su contratación por la Alcaldía, este nos dijo que ellos tenían la independencia y autonomía para cumplir los objetivos, y que uno de los requisitos exigidos era no tener relación ni contacto con ninguno de los proponentes en las licitaciones que ellos tramiten, a lo que la alcaldesa Aranda accedió sin ningún reparo.

Como se sabe, Aranzalez ha sido crítico de algunas contrataciones direccionadas por los seguidores de Hurtado en la alcaldía, como los sobrecostos en el pasado Festival Folclórico Colombiano que la propia alcaldesa se vio precisada a corregir.

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Aranzalez Bravo, reiteró que había sido contratado sin comprometer su ética, moral y honradez profesional, y que el valor de los servicios no eran de 20 millones mensuales como se había dicho sino de 18, los que tenía que repartir con seis profesionales más: un ingeniero catastral, dos abogados especialistas en contratación estatal, un financiero y un arquitecto, y que descontando los pagos de IVA, impuestos y estampillas, la cifra se reducía a 14 millones 500 mil pesos.

Lo cierto es que, cualesquiera que sean las circunstancias de su contratación, es un profesional que puede asesorar a quienes haya criticado, nada ni nadie se lo impide, siempre y cuando no comprometa sus principios éticos y actué de acuerdo a la ley.

Entretanto, la alcaldesa Johana Aranda, si verdaderamente quiere liberarse de quien la ha tenido prisionera todo este tiempo, tiene que demostrarlo con hechos prácticos y tangibles, depurando la forma sucia de contratación en la Alcaldía y de los entes que dependen de ella, como nombrando funcionarios capaces y de su confianza en los puestos claves.

Esperamos que la funcionaría tenga el valor y el carácter para gritar libertad.