Por Felipe Ferro

*Diputado Asamblea Departamental del Tolima. Centro Democrático

En los últimos días, el país escuchó al ministro de Educación, Daniel Rojas, culpar al Gobierno Departamental por la eventual suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima. Y no puedo quedarme callado frente a semejante falacia. Aquí la verdad es otra: el Tolima sí ha cumplido, la Gobernadora Adriana Magali Matiz ha cumplido, y la Asamblea Departamental también. Quien no ha cumplido es el Gobierno Nacional.

Lo explico con cifras que no admiten discusión. El Ministerio de Educación gira al Tolima recursos que alcanzan para cubrir apenas 90 días de alimentación. Pero el calendario escolar tiene 192 días en total, lo que significa que al departamento y a los municipios nos toca cubrir 102 días restantes. Eso equivale a más de la mitad del programa. ¿Cómo puede entonces el ministro señalar a la Gobernación cuando el peso más grande del PAE recae sobre nuestras espaldas?

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Y que quede claro: hemos respondido con hechos, no con discursos. La Asamblea Departamental aprobó recientemente una incorporación de 4.000 millones de pesos y una reorientación de 11.000 millones de pesos para un total de $15.000 millones de pesos para sostener el programa. La Gobernadora reorientó partidas presupuestales del FONPET, recursos originalmente destinados a pensiones, para garantizar que nuestros niños no se quedaran sin alimento. Eso es compromiso, eso es gobernar con valentía y responsabilidad.

Pero incluso con ese esfuerzo, seguimos enfrentando un vacío monumental: faltan 24.000 millones de pesos para cubrir 55 días del calendario escolar. Ese dinero no puede salir de un sombrero ni de los bolsillos del departamento, ya suficientemente presionados por las cargas heredadas. Ese dinero debe venir de la Nación, que además fue la que exigió que el programa arrancara en enero, aumentando la cobertura en casi 60 días más respecto a años anteriores.

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Mientras tanto, el Gobierno Nacional gasta a manos llenas en burocracia y contratos de nómina paralela. Van más de 600.000 contratos OPS creados en lo que va del mandato, mientras los niños de Colombia, no solo del Tolima, ven amenazada su ración diaria de comida. ¿Esa es la prioridad de un gobierno que se autoproclama del cambio? ¿Más puestos políticos y menos alimentación escolar?

Nuestra Gobernadora lo dijo con la sensatez que la caracteriza: “La alimentación de los niños es sagrada. Echar culpas mutuas no va a alimentarlos”. Y tiene razón. Aquí no se trata de un pulso político, se trata de un deber moral y legal del Estado.

Por eso hablo con firmeza: el Tolima ya cumplió. Gobernadora y Asamblea hemos dado la cara. Ahora le corresponde a la Nación cumplir con nuestros niños. No aceptamos más excusas, no aceptamos más culpas infundadas. Al Tolima se respeta y a nuestros niños se les alimenta, no se les miente. Con los niños del Tolima no se juega.