En medio de las reformas que se discuten actualmente en el Congreso de la República, una propuesta educativa ha despertado el interés de padres, docentes y estudiantes: regular por ley el horario de inicio de clases en Colombia.

El proyecto, impulsado por el senador liberal Alejandro Chacón, ya fue aprobado en primer debate por la Comisión Sexta del Senado. Su objetivo es claro: ningún colegio del país, sea público o privado, podrá iniciar clases antes de las 7:00 a. m., sin importar si es preescolar, básica o media.

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Actualmente, la decisión sobre los horarios escolares recae en cada institución. Esto ha llevado a que muchos colegios empiecen actividades incluso antes de las 6:00 a. m., obligando a miles de estudiantes —y a sus familias— a levantarse de madrugada para llegar puntuales.

Según expertos como Marta Forero González, vicedecana de la Universidad Autónoma de Madrid, los adolescentes presentan una mayor actividad biológica en horas de la noche, por lo que acuestan tarde y duermen menos. Esto repercute en su concentración, su estado de ánimo y su rendimiento académico durante las primeras horas del día.

Además, los efectos del sueño interrumpido van más allá del aula: se ha demostrado que aumenta el riesgo de accidentes, baja el sistema inmune y genera alteraciones emocionales. El proyecto de ley reconoce estas consecuencias y propone una solución con base científica y pedagógica.

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“Esta iniciativa busca erradicar la injusticia que enfrentan muchas madres y niños que deben levantarse antes de las 4:00 a. m. para llegar a tiempo al colegio”, señala el texto del proyecto, que aún debe superar nuevos debates para convertirse en ley.

Este no es el único cambio que se tramita en el Congreso en materia educativa. Otra propuesta que también avanza es la de incluir una asignatura obligatoria de Educación Emocional, desde preescolar hasta grado 11. Esta nueva materia ya fue aprobada en primer debate y cuenta con el respaldo de varios senadores.

La educación es reconocida por la Constitución como un derecho fundamental y una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad. Por eso, ajustes como este no solo apuntan a la calidad académica, sino también al bienestar integral de los estudiantes colombianos.