“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, reza uno de los apartes más contundentes del documento público suscrito de manera conjunta por seis de las entidades museísticas y artísticas de mayor relevancia en el país.

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El documento, firmado colectivamente por el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena (MAMC), el Museo de Arte Moderno del Tolima (MAT) y el Museo Rayo, manifiesta la más profunda preocupación del sector ante las acciones impulsadas por el Gobierno nacional.

Para diversos curadores, historiadores y académicos del país, las intervenciones en el guion museográfico responden fundamentalmente a un sesgo e intención ideológica.

Un llamado al diálogo intercultural y la memoria democrática

En la carta pública, los directores de las instituciones firmantes enfatizan la función democrática y plural de los espacios expositivos. Sobre el tratamiento de la historia en la carta expresan que “Si una interpretación resulta insuficiente, corresponde complejizarla, hacer visibles sus límites y ponerla en conversación con otras experiencias. La búsqueda de comprensión necesita que entre más luz sobre el pasado y que quienes han sido excluidos encuentren lugar para hablar de él”.

En cuanto a la imposición de visiones unilaterales se deja entrever que “La controversia cultural debe tramitarse en paz, mediante el intercambio de ideas y el reconocimiento de la diferencia. Imponer la unificación de los discursos mediante el silenciamiento de obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia”.

En lo que atañe a la función social de las artes, se especifica que “Precisamente porque permiten que las diferencias permanezcan, se expresen y entren en relación, los museos contribuyen a la paz, a la reconciliación y a la construcción del futuro de las sociedades”.

Las obras y objetos desmontados de la exhibición  

El procedimiento de desmonte afectó directamente dos de las salas de exposición permanente con mayor trayectoria en la investigación del museo: ‘Hacer Sociedad’ y ‘Memoria y Nación’.

La orden del Ejecutivo se sustentó en la premisa de que ciertas imágenes y piezas incurrían en una apología o exaltación de figuras al margen de la ley en lugar de homenajear a los próceres de la patria.  

Entre las más de 30 piezas desinstaladas que han desatado una ola de críticas y plantones de protesta, destacan: Afiches y propaganda gráfica de los líderes políticos Carlos Pizarro Leongómez (excomandante del M-19) y de Bernardo Jaramillo Ossa (candidato de la Unión Patriótica), ambos dirigentes asesinados en el contexto de la violencia política de 1990.

‘El Balígrafo’, Obra simbólica elaborada a partir del casquillo de una bala de fusil, utilizada para la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP.

La bandera del orgullo LGBTIQ+ de Elizabeth Castillo: Pieza histórica representativa de las luchas y reivindicaciones de la diversidad sexual en Colombia que permanecía exhibida en la sección dedicada a los movimientos sociales. Su retiro constituyó una de las primeras alarmas encendidas por defensores de derechos humanos y activistas.

El tarjetón electoral de la Séptima Papeleta: Testimonio físico del movimiento estudiantil y ciudadano de 1990 que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior promulgación de la Carta Política de 1991.

Esta postura de los museos de la que hace parte el MAT, se suma al rechazo expresado por diversos sectores académicos, organizaciones sociales y gestores culturales, quienes advierten sobre los riesgos de vulnerar la autonomía curatorial de los museos e invisibilizar la pluralidad de la memoria histórica nacional.