La Superintendencia de Servicios Públicos dejó en firme la descertificación al municipio en materia de agua potable y saneamiento básico. En razón a esta acción la administración municipal no podrá manejar recursos del Sistema General de Participaciones, los cuales ascendían a 8 mil  millones de pesos. 

La sanción se generó durante la administración de Luis H. Rodríguez, porque no se rindieron cuentas sobre la utilización de estos recursos al Ministerio de Vivienda. La notificación en primera instancia se dio en 2016 y, según parece, la administración a cargo de Guillermo Alfonso Jaramillo no realizó correctamente la debida defensa jurídica de la administración local. No obstante, el gerente del IBAL, José Alberto Girón, dijo que la administración actual recibió la empresa con la sanción a cuestas y que se está haciendo todo lo posible por solucionar el problema en el menor tiempo posible.

La defensa de los intereses del municipio estaba en manos de la abogada María Barbosa, quien, según manifestó la Superintendencia, nunca proporcionó la documentación que la acreditaba como apoderada. También se le hicieron los requerimientos al alcalde, de quien tampoco obtuvieron respuesta indicaron voceros de la Superintendencia.

Ahora los recursos que gira el Gobierno Nacional pasarán de ser administrados por el Ibal a manos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat, la cual está a órdenes del gobernador del Tolima, Óscar Barreto, situación que tiene molesto al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo ante la ineficacia administrativa de sus funcionarios.

Como respuesta a esta situación el alcalde Jaramillo viajó esta madrugada a Bogotá en compañía del secretario de Desarrollo Rural, el gerente del Ibal, la abogada apoderada del proceso y del concejal Pedro Mora en la búsqueda de una solución que en el menor tiempo posible que permita regresar la administración de estos dineros al Ibal.