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Colombia frena el IVA permanente al casino en línea y mantiene abierto el debate fiscal

Colombia frena el IVA permanente al casino en línea y mantiene abierto el debate fiscal

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El Congreso de Colombia rechazó la Ley de Financiamiento que pretendía convertir en permanente el IVA del 19 % aplicado al casino en línea. La decisión se tomó en la Comisión Cuarta del Senado, donde el proyecto fue derrotado por nueve votos contra cuatro, lo que deja sin efecto la continuidad del impuesto más allá del 31 de diciembre, fecha en la que vence su aplicación temporal.

El gravamen había sido implementado en febrero como una medida excepcional para cubrir gastos asociados a la situación de orden público en la región del Catatumbo. El texto legislativo también contemplaba un aumento en la tributación sobre premios de juegos y loterías, que pasaría del 20 % al 30 %, una propuesta que quedó descartada tras el archivo de la iniciativa.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que la decisión del Congreso representa un revés para la estrategia fiscal del Gobierno. La votación se produjo en un contexto en el que ya fue aprobado un presupuesto por 546,9 billones de pesos, lo que obliga al Ejecutivo a revisar alternativas para cubrir el déficit proyectado sin los recursos adicionales que se esperaban del sector de casino en línea y apuestas digitales.

El debate en torno a la tributación del casino en línea ha estado acompañado por advertencias de los operadores regulados. La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) indicó que el IVA del 19 % tuvo efectos directos sobre la actividad formal, con una reducción cercana al 30 % en los ingresos brutos del juego en línea durante los primeros meses de vigencia. El gremio también señaló impactos en variables como los depósitos y los montos promedio por usuario.

En el mercado colombiano operan plataformas internacionales de casino en línea y apuestas deportivas, todas sujetas a la regulación local. La discusión legislativa ha girado en torno al equilibrio entre el recaudo fiscal y la sostenibilidad del sector regulado, en un entorno donde la presencia de operadores ilegales sigue siendo una preocupación para las autoridades.

El escenario colombiano encuentra ecos en otros países de la región que avanzan en discusiones similares sobre política fiscal. En Brasil, el Congreso Nacional aprobó recientemente el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) 128/25, que forma parte de la agenda económica del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La propuesta amplía la tributación sobre grandes conglomerados financieros y reduce beneficios fiscales federales, con el objetivo de avanzar en una mayor equidad del sistema tributario.

El texto aprobado en Brasil introduce mecanismos más estrictos de control y transparencia, pero preserva programas considerados estratégicos, como el Simples Nacional, la exención de la cesta básica, la Zona Franca de Manaos, el Minha Casa, Minha Vida y el ProUni. También quedaron excluidas de los recortes las pequeñas empresas bajo el régimen de lucro presunto con facturación anual de hasta 5 millones de reales (aproximadamente 3.394.550.000 pesos colombianos).

En el ámbito del casino en línea brasileño, estudios recientes aportan datos sobre el comportamiento de los usuarios en el mercado legal. Una investigación de un casino online en Brasil indica que la mayoría de los apostadores gasta hasta 100 reales por mes en apuestas deportivas y juegos de casino (aproximadamente 67.891 pesos colombianos). El ticket medio se sitúa en 61,52 reales (alrededor de 41.767 pesos colombianos) y cerca del 90 % de los depósitos realizados se mantiene por debajo de ese valor, lo que refleja un patrón de gasto moderado dentro de un entorno regulado.

Estos datos han sido citados en el debate público como un elemento que respalda políticas de regulación orientadas a la formalización y al control del sector, sin promover incrementos desproporcionados en la carga fiscal. Tanto en Colombia como en Brasil, la discusión sobre el casino en línea se inscribe en un marco más amplio de sostenibilidad fiscal, regulación económica y búsqueda de equilibrio entre recaudo y desarrollo de mercados legales.

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