De acuerdo con el decreto expedido por el Ministerio de Educación, se sientan las bases para que en las universidades públicas implementen Planes de Formalización Laboral, es decir, se priorice la contratación estable, por carrera administrativa y mediante concursos de méritos. La meta es reducir progresivamente los vínculos temporales y promover condiciones laborales más justas, equitativas y sostenibles.

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“Tenemos completamente claro que no podemos hablar de calidad en la universidad pública, si no tenemos dignidad para los docentes y las docentes, que tienen incluso estudios de posgrado y están siendo maltratados en su dignidad laboral. Así le cumplimos a las y los trabajadores de la universidad', afirmó Daniel Rojas, ministro de Educación.

Además, este decreto responde a una problemática ampliamente documentada por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-006 de 1996, y por el Sistema Universitario Estatal (SUE) y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

Cada institución deberá realizar una planificación estratégica de su planta de personal, en el marco de su autonomía, pero orientada a la equidad y la justicia laboral.

En ese sentido, el ministro Rojas manifestó que “respetamos plenamente la autonomía universitaria, pero como Gobierno invitamos a todas las instituciones a dar el paso hacia la dignificación laboral de sus docentes y administrativos. La calidad de la educación superior solo puede ser de excelencia si quienes la hacen posible cuentan con condiciones dignas, justas y estables'.

Este logro también representa el cumplimiento de los acuerdos sindicales suscritos con las organizaciones ASPU, SINTRAUNICOL y UTRADEC, que participaron activamente en el proceso de construcción del decreto.

En total, se llevaron a cabo 12 mesas técnicas de diálogo con los ministerios de Educación y Trabajo, así como el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en las que se consolidaron los lineamientos de esta política pública.

Según se indicó, la formalización laboral no solo busca corregir brechas históricas, sino también impactar positivamente en la calidad de la docencia, la investigación y la extensión.

Con esta decisión, enfatizó el Ministro de Educación, el Gobierno del presidente Petro reafirma que la excelencia académica solo es posible si se garantiza la dignidad de quienes sostienen la educación superior pública con su trabajo.