Como altamente inconveniente calificó la Federación Nacional de Comerciantes ‘Fenalco’, el Proyecto de Ley que avanza en el Congreso y que pretende modificar las actuales reglas sobre recargos nocturnos dentro de la jornada laboral.

De acuerdo con Oscar Germán Díaz Enciso, Director Ejecutivo de Fenalco Tolima, el proyecto de ley desconoce la realidad colombiana y el momento económico que atraviesa el país. “La propuesta de reforma representa un retroceso, que impacta negativamente la competitividad de las empresas y por supuesto afecta la generación de empleo”, señaló Díaz Enciso.

La Federación Nacional de Comerciantes ha alertado sobre las repercusiones que una medida como esta puede tener sobre la economía, siendo particularmente grave para las compañías que tienen procesos continuos de producción, de prestación de servicios y pequeñas y medianas empresas del comercio formal, en donde se genera y mantiene cerca de la tercera parte del empleo en Colombia.

Según datos de las empresas afiliadas a Fenalco, el sobrecosto que genera la sola modificación de la jornada, que comprendería el horario de 6 a.m. a 9 p.m., equivaldría al pago de salarios y prestaciones de cerca de 50.000 trabajadores de personal operativo. Esta modificación, en el caso del comercio moderno generaría un incremento en el gasto laboral de 3.4%, sin que se generen mayores ventas.

Estos sobrecostos, de acuerdo con Oscar Germán Díaz Enciso, Director Ejecutivo de Fenalco Tolima, indudablemente generarían una caída en la competitividad, aumento en los precios de los bienes y desestimularía la creación de empleo. Por su parte, las multinacionales que quieran operar en Colombia o deseen aumentar sus franquicias, no verán atractivas las condiciones que ofrece el país.

Vale la pena subrayar que según el Foro Económico Mundial, las regulaciones laborales restrictivas son un factor inconveniente para hacer negocios en el país, incluso por encima de los problemas de inseguridad, inflación e insuficiente innovación.

Bajo estas condiciones Fenalco advierte que el país no está en capacidad de asumir los costos económicos y sociales de una reforma laboral que traiga como resultado, sobrecostos, reubicación de empresas multinacionales a otros países, disminución de empleos existentes y un retroceso en materia de formalización laboral, especialmente en el contexto del postconflicto.