Trabajadores de la salud del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué realizaron un plantón este jueves para denunciar una crisis laboral y asistencial que, según aseguran, está afectando el funcionamiento de la institución.

Como parte de la jornada de protesta, los manifestantes bloquearon temporalmente el ingreso del personal médico durante el cambio de turno y advirtieron que se declararán en asamblea permanente si la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz; la Secretaría de Salud Departamental y la gerencia del hospital no atienden sus peticiones.

Los trabajadores afirman ser víctimas de acoso laboral por parte de algunos coordinadores de servicio y denuncian una sobrecarga de trabajo para el personal asistencial. Asimismo, alertan sobre la escasez de medicamentos e insumos médicos, situación que, según indican, está afectando la atención de los pacientes.

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También señalaron que los sindicatos Anthoc, Sunet, Sintraesetol, Anec y Sinal Seguridad Social se retiraron temporalmente de la mesa de negociación al considerar que la mayoría de las peticiones contenidas en el pliego fueron rechazadas. Por esta razón, solicitaron el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, que participará en el proceso a través de inspectores laborales.

Finalmente, los manifestantes exigieron la instalación de una mesa de diálogo urgente con la Gobernación del Tolima, la Secretaría de Salud Departamental, la gerencia del Hospital Federico Lleras Acosta, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos para buscar soluciones a la problemática que atraviesa el centro asistencial.

El Federico Lleras se pronuncia

A través de un comunicado, las directivas del Hospital Federico Lleras Acosta se pronunciaron sobre lo ocurrido durante la jornada de protesta y reiteraron el llamado para que el ejercicio de los derechos sindicales se desarrolle dentro del respeto, la legalidad y la convivencia institucional.

No obstante, advirtieron que no pueden presentarse acciones que restrinjan o impidan el libre ingreso o salida de funcionarios, usuarios, pacientes, estudiantes, contratistas o visitantes, ni actuaciones que afecten la prestación de los servicios de salud, ya que estas podrían vulnerar el ordenamiento jurídico y derechos fundamentales.

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La institución sostuvo que sus instalaciones no pueden convertirse en escenarios de proselitismo político, manifestaciones o actuaciones ajenas a su objeto misional que comprometan la tranquilidad, la seguridad o la adecuada prestación de los servicios de salud.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la participación de personas externas a la institución en este tipo de escenarios, al considerar que ello desnaturaliza el propósito del hospital.