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Procuraduría le pone la lupa al concurso para elegir al contralor de Ibagué
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La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al polémico concurso de méritos para elegir al contralor de Ibagué del periodo 2026-2029, el cual fue suspendido por el fallo de una tutela que ordenó permitir la participación ciudadana en el proceso.
Según indicó el ente de control, a partir de ahora la Procuraduría Regional del Tolima reforzará su papel de veedora en el proceso de elección del contralor.
En la capital tolimense, la Procuraduría Regional exhortó al Concejo Municipal a cumplir a cabalidad con el fallo judicial que regula la convocatoria pública, asegurando la debida difusión y la oportunidad de participación ciudadana.
“El órgano de control puntualizó que realizará seguimiento a las pruebas de los aspirantes y que deberá ser informado de los detalles logísticos con anticipación para verificar su correcta ejecución”, indicó el Ministerio Público en un comunicado a la opinión pública.
Desde el inicio, generó suspicacias el convenio celebrado entre el Concejo de Ibagué y la Corporación Universitaria de la Costa (CUC), por los posibles favores políticos que habría detrás del proceso. Una vez elegida la institución educativa, salieron a relucir las investigaciones abiertas en su contra por irregularidades en otros procesos de elección de contralores o personeros.
“Si bien se tiene conocimiento de que la Procuraduría adelanta investigaciones respecto a procesos adelantados por la Universidad de la Costa en otros departamentos, ello no constituye inhabilidad legal ni impedimento para su contratación en este caso”, respondió la Mesa Directiva del Concejo al ser consultada por el polémico convenio.
Pese a esto, la Procuraduría consideró que existen condiciones y alertas suficientes para ejercer un control más estricto sobre el proceso que, el próximo 26 de noviembre, debería elegir al reemplazo de la actual contralora de Ibagué, Edna Margarita Murcia.
“El Ministerio Público manifestó que estas medidas reafirman su compromiso institucional con una gestión pública eficiente y la protección de los derechos de la ciudadanía, mediante acciones dirigidas a fortalecer la democracia con procesos electorales claros e imparciales”, concluyó la entidad.
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