Por posible favorecimiento en la evaluación y adjudicación del contrato para controlar la erosión, corregir y proteger el cauce orilla de la quebrada Cristales, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la exsecretaria de Infraestructura de Ibagué,  Sharon Dayana Guzmán González, lo mismo que contra el exsecretario (e) de esa misma cartera, Leonel Alfredo Nieto Suárez, en su condición de miembros del Comité Evaluador.

La Procuraduría investiga si el mencionado comité habilitó a tres oferentes de Barrancabermeja que habrían aportado una falsa experiencia con Ecopetrol S. A, según consta el certificado emitido por la empresa de petróleos a la firma Infraestructura y Vías SAS (ICSSA SAS), virtual ganadora, inicialmente, como lo denunció su representante legal.

Así mismo, el órgano de control busca establecer si los exintegrantes del comité evaluador habilitaron al Consorcio Fénix Popular, oferente que al final resultó ganador, el cual estaría inmerso en causal de rechazo por presentar su oferta económica en un sobre que no correspondía, entre otra serie de supuestas inconsistencias que fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría, por parte del denunciante.

Con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, la entidad decretó la práctica de pruebas.

Finalmente, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué remitió a la Fiscalía General de la Nación copia del expediente, para que conforme a sus competencias, analice los hechos en el escenario penal y adopte las decisiones que estime pertinentes.

Veedurías se preguntan

A propósito de esta investigación, varias veedurías ciudadanas se pronunciaron, entre ellas VAPI (Agua Para Ibagué), para preguntar porqué razón no se han investigado todas las obras de los escenarios deportivos, donde aparentemente hubo también procesos licitatorios amañados, se construyeron con planos distintos a los aprobados en la Curaduría, se cambiaron especificaciones técnicas, los sobrecostos podrían superar el 250%, muchas de las actividades tuvieron pésima ejecución. “¿Dónde estaban las interventorías, los supervisores de los contratos, lo más grave de todo, dónde estaban las contralorías, las procuradurías, la personería?”, reclama VAPI.