José Antonio Parra, abogado oriundo de Cunday, Tolima, fue elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030, con el respaldo de la coalición de Gobierno y el aval de Salvación Nacional, partido que respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

Según una investigación publicada por La Silla Vacía, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, habría intervenido directamente para favorecer su elección. De acuerdo con esa publicación, Lara sostuvo durante cuatro horas reuniones con congresistas de la coalición de Gobierno y logró que Parra ocupara una posición con mayores posibilidades de resultar elegido.

El respaldo a Parra también estaría relacionado con su cercanía con el exmagistrado del CNE Alfonso Campo, quien fue presidente de ese organismo y es señalado como amigo cercano de Parra.

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Campo fue, además, el magistrado ponente de la decisión mediante la cual el CNE otorgó personería jurídica a Defensores de la Patria, el partido político de De la Espriella. La decisión generó cuestionamientos y posteriormente fue demandada ante el Consejo de Estado.

Los contratos bajo investigación

Parra ya había intentado llegar al CNE en 2022, cuando fue candidato por el Partido Conservador, pero no resultó elegido. En esa ocasión, la magistratura fue para Alfonso Campo.

Posteriormente, en 2024, durante la presidencia de Campo en el organismo electoral, Parra fue nombrado director de Vigilancia e Inspección Electoral, cargo que ocupó hasta su postulación como magistrado.

Desde esa posición, Parra participó en la estructuración y supervisión de cinco contratos para testigos electorales que sumaron $583.000 millones para las elecciones de 2026.

Estos contratos son objeto de investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría por posibles irregularidades y sobrecostos.

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De acuerdo con La Silla Vacía, una revisión de los contratos encontró una diferencia  los precios pagados y los valores estimados de mercado, sin que, según la investigación, exista suficiente justificación documental.

Entre los gastos cuestionados están las cartillas impresas, herramientas web, servicios de ciberseguridad y capacitaciones. La investigación calcula que solo estos componentes representan alrededor de $260.000 millones.

Además, Parra no solo estuvo relacionado con la estructuración de los contratos. También fue su supervisor, por lo que entre sus funciones estaba revisar informes del contratista y dar el visto bueno para la liberación de los pagos.

Su última actuación en el cargo fue aprobar el informe final del contrato correspondiente a la segunda vuelta presidencial. La factura asociada, por $72.000 millones, todavía no había sido desembolsada, según la investigación.

Pese a los cuestionamientos que ya existían sobre estos contratos, Parra fue elegido por el Congreso el 21 de agosto de 2026 y asumió oficialmente el cargo este lunes 1 de septiembre.