La Fiscalía Seccional Tolima imputó a dos exalcaldes del municipio de Piedras por presuntas irregularidades cometidas en el año 2011 en un contrato para la construcción del alcantarillado de aguas negras y sus obras complementarias en la vereda Campoalegre de esa municipalidad.

Se trata de Rogelio Montealegre Murillo, alcalde del municipio para el período 2008 – 2011, y Arquímedes Ávila Rondón, alcalde para el período 2012 a 2015.

De igual manera, fueron judicializados Jhon Paul Peña Rojas, exasesor de la secretaría de planeación y obras públicas de la Alcaldía de Piedras durante el año 2011; Gloria Piedad Reyes Ariza, asesora de planeación para el mismo periodo de tiempo, y Alberto Casabianca Moreno, interventor en ese entonces.

Según sus responsabilidades individuales, la Fiscalía imputó a los implicados como presuntos responsables de delitos como: contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, y prevaricato por omisión. Ninguno de los encartados aceptó su responsabilidad en los hechos.

El contrato

Los hechos analizados están relacionados con una investigación que tiene que ver con presuntas irregularidades detectadas por peritos del CTI de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, en la celebración y ejecución del contrato de obra N° 113 del 19 de noviembre del año 2011, cuyo objeto era la construcción del alcantarillado de aguas negras y sus obras complementarias en la vereda Campoalegre, ubicada en zona rural del municipio en mención. El valor contratado superó los mil millones de pesos ($1.157’467.975).

Montealegre Murillo como alcalde de Piedras para el año 2011, tramitó el contrato con Benjamín Orlando Arana Osuna, al parecer, sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por su parte, Peña Rojas, asesor de la Alcaldía, habría participado en el trámite inobservando requisitos esenciales en los estudios previos.

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Ávila Rondón, como mandatario local en 2012 liquidó el contrato haciendo caso omiso a las, supuestas, irregularidades.

Las investigaciones dan cuenta entonces que todos los ya mencionados, permitieron al parecer, que el contratista Arana Osuna se apropiara de 290 millones de pesos aproximadamente, suma que le fue pagada por actividades y obras que nunca ejecutó.

Igualmente, habrían permitido que Casabianca Moreno, interventor del contrato, se apropiara de 86 millones de pesos, aproximadamente, este dinero le fue pagado por actividades que no fueron ejecutadas.

Mientras todo esto ocurría, al parecer, los imputados habrían falsificado documentos públicos y privados.

Finalmente, se estima que Jhon Paul Peña Rojas, Gloria Piedad Reyes Ariza y Alberto Casabianca Moreno, al parecer, rehusaron cumplir sus funciones como: supervisores los dos primeros e interventor el último, pues no realizaron la vigilancia al contrato tal y como lo exige la ley.

El proceso contra los implicados continúa en la etapa de acusación.