La cúpula del Ejército Nacional vuelve a estar en el centro de un turbulento escándalo judicial. La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente la audiencia de imputación de cargos contra el general Federico Mejía, luego de constatar su presunta responsabilidad en la orden que dejó en libertad a un presunto narcotraficante capturado en el departamento del Cauca. La controvertida maniobra se habría registrado a comienzos del año 2024 en el corregimiento de El Plateado, una de las zonas con mayor presencia de economías ilícitas y grupos armados del país.

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El procedimiento se gestó durante el despliegue de la “Operación Perseo”, la gran ofensiva gubernamental diseñada para arrebatarle el control del cañón del Micay a las estructuras criminales. En aquel momento, Mejía ejercía como comandante de la Tercera División del Ejército y del Comando Específico del Cauca (CECAU). No obstante, de acuerdo con las pesquisas del organismo de control, el despliegue institucional se vio severamente ensombrecido por una disposición administrativa arbitraria dictada el 31 de enero de ese mismo año.

De acuerdo con la tesis del ente investigador, el oficial superior habría impartido directrices irregulares para retransportar hasta el punto de captura no solo al detenido, sino también el importante cargamento de estupefacientes que las unidades militares ya habían incautado y extraído de la zona. Diversas pruebas recopiladas por la Fiscalía de la Unidad de Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, entre las que se cuentan testimonios de uniformados citados a declarar y evidencias audiovisuales, dejarían al descubierto la indignación del personal operativo que debió acatar la insólita instrucción.

En su defensa previa, el general Mejía sostuvo públicamente que sus decisiones se ampararon bajo el marco constitucional, argumentando que actuó bajo criterios de transparencia y con la única prioridad de proteger la vida de la tropa ante eventuales represalias del entorno. Asimismo, alegó haber notificado oportunamente el curso de las acciones a la justicia; sin embargo, las investigaciones sugieren un panorama completamente distinto, apuntando a que el mando militar ocultó la realidad

El expediente derivó en un solido pliego de imputaciones. La Fiscalía responsabilizará al oficial por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El foco punitivo apunta a que Mejía consignó presuntamente inconsistencias y datos falsos en los reportes e informes oficiales remitidos a la alta cúpula militar

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Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de que la Rama Judicial defina y programe la fecha exacta para la diligencia de imputación de cargos. Mientras se surte este trámite, el caso no solo debilita la reputación institucional de los mandos a cargo de la seguridad en el suroccidente colombiano, sino que reabre el debate sobre la transparencia operativa en los escenarios más complejos del conflicto armado en el país.