A la Contraloría Municipal de Ibagué llegó una denuncia sobre un contrato para garantizar el servicio de wifi público en 131 puntos de la ciudad, el cual estaría siendo incumplido en algunos sectores y en otros presentaría serias irregularidades.

Se trata de un contrato por $350 millones que debía garantizar el servicio de internet público durante 80 días en sectores rurales y urbanos de Ibagué. Al proceso solo se presentó un oferente, que fue el Grupo Empresarial Orinoquia, el cual finalmente resultó ganador. El servicio se debía garantizar de manera continua desde el pasado 2 de enero hasta el próximo 17 de marzo.

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Sin embargo, una fuente que pidió reserva de su identidad denunció una serie de irregularidades en la ejecución del contrato, entre ellas el incumplimiento de la continua prestación del servicio. Las pruebas evidencian que en los puntos del Parque de los Ajedrecistas en el barrio Jordán etapa ocho y en la Palza de Bolívar en el centro de Ibagué, el servicio no se ha garantizado.

Los ibaguereños que se acercan a estos puntos en busca de internet público se llevan una amarga sorpresa por la ausencia del servicio.

Algo similar ocurre en otros puntos, donde la velocidad del servicio es inferior a la establecida en el contrato y para los ibaguereños resulta casi imposible navegar en internet. Algunos de estos sectores son el polideportivo del barrio Nueva Castilla, el barrio Tulio Varón, la cancha del Danubio, entre otros.

Asimismo, la denuncia indica que los puntos de acceso se hallan muy cerca unos de otros, lo que reduce la cobertura del servicio exigida en el pliego de condiciones.

Otro aspecto que genera preocupación a los denunciantes, es la falta de control a los contenidos pornográficos a los que los menores de edad pueden acceder en estos puntos de wifi, lo que estaría violando la Ley 1146 de 2007.

“Lo anterior con base a las evidencias que se anexan de fotografías y videos de acceso al servicio de internet público que ofrece la Alcaldía de Ibagué a la población en general, incluyendo a menores de edad en cada zona wifi del contrato. Lo anterior es una falta gravísima del funcionario público (supervisora) que lo permitió”, reza la denuncia.

Líderes comunitarios incluso han denunciado en emisoras locales cómo los menores de sus barrios tienen acceso a contenidos pornográficos sin ninguna restricción en los puntos wifi.

 ¿Una empresa de papel?

A los denunciantes también les genera suspicacia la empresa que el oferente ganador referenció como su aliada en Ibagué, que viene a ser la encargada del soporte técnico. Se trata de Red Transaccional Transac SAS, registrada en la Cámara de Comercio de Ibagué el mismo día en el que se lanzó el proceso contractual que finalmente ganó el Grupo Empresarial Orinoquia.

Es decir, la empresa encargada del proceso logístico para cumplir con la prestación del servicio, apenas había sido creada un mes antes de adjudicarse el contrato.

“Es importante conocer las acciones realizadas por el comité evaluador para certificar el cumplimiento de un centro técnico con la capacidad logística y operativa para la ejecución de 131 zonas wifi, en una ciudad en la cual la empresa no lleva ni un mes matriculada, ya que el proceso se adjudicó el 7 de octubre de 2024”, se lee en la denuncia a la Contraloría.

Adicional a esto, la empresa encargada de suministrar el servicio carecía de registro ante el Ministerio de las TIC. “Esta empresa no cuenta con el permiso para desarrollar actividades en calidad de proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones en Colombia, lo anterior con base en la ley 1341 de 2009”, agregan.

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La aparente inexperiencia del contratista elegido habría demorado la puesta en marcha del servicio. A tal punto que los 80 días de servicio solo habrían empezado a contar hasta comienzos de este 2025, cuando el contratista pidió una prórroga por complicaciones técnicas, según la denuncia.

Dichas complicaciones llevaron a que el contratista descartara 24 sectores de Ibagué para llevar el servicio de internet gratuito, argumentando supuestas dificultades de acceso a estas zonas. Sin embargo, en el año 2022, en un contrato similar, el oferente elegido sí pudo garantizar el internet en estos 24 sectores.

Por último, los denunciantes reclaman a la Secretaría de las TIC de Ibagué que enseñe los resultados del software que monitorea la calidad del servicio que presta el contratista. A su vez, piden a los entes de control vigilar el cumplimiento del contrato.