Tras la fuga de siete personas de la estación de Policía de El Espinal, entre ellas Ismael Eduardo Acosta González, conocido con el alias de 'Pico de Loro', el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, aseguró que la responsabilidad de estos hechos recae sobre el Ministerio de Justicia, el ministro saliente Jorge Iván Cuervo y el Inpec.

Según el funcionario, la evasión fue consecuencia de la falta de traslado oportuno de los detenidos a establecimientos penitenciarios, situación que, afirmó, ha generado un grave hacinamiento en los centros de reclusión transitoria del departamento.

"La incompetencia del Gobierno Nacional durante estos cuatro años y del Inpec ha impedido que esos delincuentes, en un término de 36 horas, estén en los sitios de reclusión que correspondan a su peligrosidad", señaló.

Bocanegra también arremetió contra el Inpec, al que calificó como "una institución nefasta", y aseguró que la entidad se niega a recibir a los detenidos capturados por las autoridades.

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"Son capturados con tanto esfuerzo, muchas veces con pago de recompensas y con información sobre delincuentes de alta peligrosidad, que asesinan en las calles, atracan, extorsionan en el campo y en la ciudad, y entonces el Gobierno Nacional simplemente dice que es responsabilidad de los entes territoriales", afirmó.

Asimismo, cuestionó la gestión del ministro saliente de Justicia, Jorge Iván Cuervo, de quien dijo que llegó al cargo únicamente a "devengar" durante cinco meses y calificó su desempeño como "precario".

El secretario sostuvo que para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella será un gran desafío reformar el sistema penitenciario y expresó su respaldo a la propuesta de que los establecimientos carcelarios sean construidos y administrados mediante concesiones a operadores privados.

"El presidente electo ha prometido acabar con el Inpec, crear un nuevo órgano de vigilancia y, ojalá, retomar el modelo de concesión de los establecimientos carcelarios, donde particulares construyan megacárceles en un tiempo récord, con vigilancia electrónica, verdadero aislamiento y programas de resocialización para los delincuentes", expresó.

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Finalmente, Bocanegra aseguró que el costo de mantener a los detenidos representa una carga económica para los municipios, especialmente los de sexta categoría.

"Es muy difícil para un alcalde dar una beca o pagar una cama en un hospital para un habitante del municipio, pero sí tiene que hacerse cargo de los delincuentes porque son originarios de ese territorio", afirmó.

Y concluyó: "El Gobierno Nacional no ha sido capaz de entender esta situación y siempre les descarga esa responsabilidad a los entes territoriales. La mayoría de nuestros municipios son de sexta categoría, con recursos muy limitados y comprometidos".