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De la Espriella deberá disculparse por acto religioso en su posesión
Presidente Abelardo De la Espriella en su acto de posesión el pasado 7 de agosto.
Un juez de Bogotá falló una acción de tutela a favor del ciudadano Omar Alberto Franco Becerra y determinó que durante la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, realizada el pasado 7 de agosto en Cali, se vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado.
La decisión cuestiona que la ceremonia incluyera un espacio de “invocación y alabanza”, la participación de representantes de tres sectores religiosos y una imagen de la Virgen de Fátima dentro del recinto. Para el despacho, estos elementos asociaron un acto oficial con una confesión religiosa específica.
El juez aclaró que la decisión no cuestiona las creencias personales de los funcionarios ni su libertad de culto, sino la forma en que estas pueden proyectarse cuando ejercen funciones en representación del Estado.
Disculpas en radio y televisión
Como parte del fallo, De la Espriella deberá ofrecer disculpas públicas al pueblo colombiano mediante una alocución en radio y televisión, a más tardar el 30 de septiembre de 2026, a las 7:00 p.m. También deberá comprometerse a no realizar actuaciones oficiales que impliquen una inclinación hacia la Iglesia católica o cualquier otro credo.
La Presidencia, además, tendrá que expedir durante septiembre una directiva presidencial para que los servidores públicos respeten y hagan respetar la neutralidad religiosa en los actos oficiales.
La orden también alcanza al Congreso
El fallo incluye al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, quien deberá ofrecer disculpas públicas durante una sesión plenaria prevista para la última semana de septiembre. También tendrá que manifestar su compromiso de evitar que los actos en los que represente al Legislativo proyecten una preferencia religiosa.
El juez desvinculó del proceso al rabino David Michaan, al pastor Eduardo Cañas Estrada y al presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Francisco Javier Múnera Correa.
La decisión abre nuevamente la discusión sobre los límites entre la libertad religiosa individual de los funcionarios y la obligación de mantener un Estado neutral frente a los distintos credos.
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