En medio de la pandemia del covid-19 la Secretaría de Educación de Ibagué contrató el servicio de internet móvil para garantizar conectividad a estudiantes de bajos recursos, quienes debían estudiar desde sus casas, debido a la emergencia sanitaria.

El contrato por $846.747.016, le otorgaba una sim card con datos móviles a 32.643 estudiantes de las zonas rural y urbana de Ibagué. Si bien se debía cumplir con esta obligación en el 2020, el contrato tuvo prórrogas hasta el 2021.

Sin embargo, la Contraloría General de la Nación encontró varias irregularidades en la ejecución de este contrato, que se suponía debía beneficiar a los niños y niñas más vulnerables de la ciudad. Así lo pudo establecer El Cronista.co, en un derecho de petición respondido por el ente de control.

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Según la Contraloría, hubo un detrimento patrimonial que ascendió a los $138.976.178; lo cual se debió a diversos motivos que detalla en amplio informe.

El mayor motivo de detrimento se debió a la prórroga del contrato firmada el 5 de febrero del 2021. Por esos días el consumo de internet de los estudiantes fue tan bajo, que en unos 3.500 casos ni siquiera entraban a las clases virtuales. Es decir, se pagó por un servicio que no se utilizó.

Esto habría generado un detrimento superior a los 100 millones de pesos, por lo cual el ente llamó la atención a la Alcaldía.

Además, encontró irregularidades en la planeación y supervisión del contrato.

"No existe soporte del estudio de priorización de 21.761 estudiantes con los cuales se realizó el estudio previo y el borrador del pliego de condiciones. De igual modo no existe justificación, ni estudio que sustente la inclusión de 10.882 estudiantes a partir del pliego de condiciones, para un total de 32.643 sim cards contratadas", indicó la Contraloría.

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En el informe queda también claro que las explicaciones o justificaciones de la Alcaldía, sobre el detrimento patrimonial, dejan mucho que desear ante los ojos de la Contraloría. En la mayoría de los puntos considera insuficientes las justificaciones.