Un estudio sectorial de la Contraloría General de la República reveló que menos del 20 % de los hogares ubicados en resguardos indígenas cuentan con servicio de acueducto y que el acceso a alcantarillado es prácticamente inexistente, situación que pone en evidencia debilidades estructurales en la planificación y ejecución de los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico dirigidos a esta población.

El informe, elaborado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada, evaluó programas ejecutados entre 2018 y el 30 de junio de 2025. En este periodo se identificaron proyectos suspendidos por un valor de $62.350 millones, equivalentes al 19 % del total analizado, lo que representa riesgos de sobrecostos, pérdida de recursos públicos y posibles obras inconclusas.

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En total, el estudio revisó 50 proyectos que suman una inversión de $326.353 millones. De estos, solo el 52 % cumple los tiempos contractuales establecidos, mientras que el 14 % presenta retrasos y el 34 % aparece con ciclo cerrado, sin información clara sobre el cumplimiento de sus objetivos, lo que refleja falencias en la gestión administrativa y en la evaluación de resultados.

La Contraloría también advirtió que la financiación de estos proyectos se concentra principalmente en el Presupuesto General de la Nación. En 32 de los 50 casos analizados, esta fue la fuente principal de recursos, situación que, según el organismo de control, limita la sostenibilidad de las iniciativas y evidencia la necesidad de fortalecer esquemas de cofinanciación que integren recursos nacionales, territoriales y alternativos.

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En cuanto a la distribución territorial, el informe señala que, aunque los recursos se concentran en 13 departamentos con alta presencia indígena, persisten desequilibrios en la cobertura y en la eficiencia del gasto. Departamentos como Córdoba, Cesar, Vichada, Atlántico y Antioquia, con una participación significativa de población indígena a nivel nacional, no han sido beneficiados con estas inversiones.

Finalmente, el estudio evaluó los compromisos incluidos en los planes nacionales de desarrollo. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 reportó un cumplimiento formal del 100 %, no se establecieron indicadores de impacto que permitan verificar la reducción de brechas en acceso a agua potable y saneamiento.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, los avances son limitados: el programa de APSB para pueblos indígenas registra apenas un 7 % de ejecución frente al 50 % esperado, y el piloto de hábitat integral en la Amazonía alcanza un 5 %.