Un informe de 50 páginas de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) revela una concentración sistemática de la contratación pública en Ibagué. El documento, titulado “El Club de los Megacontratistas en la Ibagué de Johana Aranda: contratos por más de $111.000 millones”, expone presuntas irregularidades en diversos procesos contractuales.

Según el informe, al menos cinco empresas habrían concentrado más de $111.000 millones en contratos entre enero de 2024 y noviembre de 2025. Estas son: Inversiones Económicas PSS S.A.S. (PAE), Servicios Empresariales SYK S.A.S. (aseo y cafetería), León Gráficas Ltda. (eventos y logística), Seguridad Trébol Ltda. (vigilancia) y la Fundación IMIX (programas sociales).

El documento advierte sobre patrones preocupantes en la contratación, al señalar que estas cinco empresas se destacan por “la amplia magnitud de los montos de contratación adjudicados, la frecuencia con la que participan en los procesos de contratación municipal y los patrones que acompañan sus ofertas”.

Además, Pares sostiene que, más allá de cuestionamientos técnicos en los procesos de vinculación contractual —algunos de ellos investigados por la Procuraduría, como en el caso de la Fundación IMIX—, existirían vínculos personales entre empresarios y la clase política de Ibagué, lo que evidenciaría una posible connivencia entre estos actores.

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“El Club de los Cinco”

Inversiones Económicas PSS S.A.S.

Ha recibido más de $52.400 millones por la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Ibagué. La empresa, representada por Eugenia Victoria Rojas de Bahamón, no contaba con experiencia previa en este tipo de contratos.

Según el informe, las denuncias se centran en la modificación de los pliegos de condiciones por parte de la administración municipal para favorecer a la empresa. A esto se suman denuncias por alimentos en mal estado, retrasos en la entrega y problemas laborales, hechos que actualmente son objeto de investigación por la Procuraduría General de la Nación.

Servicios Empresariales SYK S.A.S.

Esta empresa acumula $11.959 millones en 13 contratos relacionados con servicios de aseo y cafetería. Es administrada por Ernesto Alfonso Quiroga Uribe y presenta un vínculo familiar con un concejal del partido Cambio Radical.

El informe la vincula directamente con el concejal César Eugenio Franco Agudelo, cuya prima es la esposa de Quiroga Uribe. Además, varios contratos habrían sido adjudicados por fuera de su especialidad, junto con ajustes presupuestales que coinciden de manera sospechosa con las ofertas presentadas, lo que genera alertas sobre la transparencia de los procesos.

León Gráficas Ltda.

Dedicada a eventos y logística, y bajo la gerencia de Edison Santiago Romero, esta empresa ha monopolizado la logística de eventos y obtenido $17.620 millones en 12 contratos. De acuerdo con la información recopilada, la compañía termina de manera reiterada como único proponente habilitado.

Uno de los aspectos más críticos son los plazos extremadamente cortos para la presentación de ofertas, que en algunos casos fueron de 21 y hasta 15 minutos en las licitaciones del Festival Folclórico Colombiano de 2024 y 2025. Esta situación podría constituir una violación al principio de “plazo razonable” y limitar gravemente la libre competencia.

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Seguridad Trébol Ltda.

En materia de vigilancia privada, la empresa ha logrado $30.014 millones en 10 contratos. En su estructura laboral han figurado el hermano (Walter Hurtado) y los sobrinos (Jonathan y Jhojan Hurtado) del exalcalde Andrés Hurtado, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles favorecimientos.

El informe advierte que este no sería un caso aislado, pues señalamientos similares se han registrado en otros municipios del país, donde la empresa también ha sido beneficiada con contratos de vigilancia.

Fundación IMIX

Encargada de programas sociales, ha recibido más de $12.427 millones, pese a contar con antecedentes de sanciones e investigaciones por parte del ICBF y la Procuraduría.

“Pese a haber sido señalada e investigada por múltiples entes de control, su trayectoria evidenciaría la facilidad con la que ciertos operadores logran sostenerse dentro del aparato contractual incluso bajo cuestionamientos reiterados”, señala el documento, lo que plantea interrogantes sobre los criterios de selección y los controles aplicados por la administración municipal.

Pares concluye que, aunque inicialmente se registran varios interesados, los procesos suelen resolverse de manera que estos megacontratistas terminan como únicos proponentes habilitados, eliminando la competencia y concentrando los recursos públicos de los ibaguereños en estas empresas.