La articulación entre las autoridades de Argentina, España, Colombia, Chile, Ecuador y Perú permitió identificar, capturar y judicializar a 17 personas que estarían involucradas en la extracción de información de celulares robados, mediante una plataforma electrónica.

Como parte de esta operación transnacional, en Colombia el trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional dejó tres hombres y una mujer detenidos, en medio de diligencias realizadas en Ibagué y Cali. 

En los procedimientos fueron incautados 66 celulares, 10 partes de equipos móviles, 12 computadores, 3 discos duros y elementos utilizados para desarmar teléfonos. 

Adicional a esto, un ciudadano fue notificado en el establecimiento carcelario en el que permanece privado de la libertad por otros hechos.

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó a estas cinco personas ante un juez de control de garantías. De acuerdo con su posible participación, les imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, uso de software malicioso, suplantación de sitios web para capturar datos personales y receptación.

Los investigados son: Richard Ángel Segura Norato, Luis Eduardo Morales Barbosa y Óscar Andrés Chávez Guerrero, señalados de comprar equipos hurtados y entregárselos a dos posibles ciberdelincuentes, identificados como Brayan Estacio Caicedo y Susan Buitrago Soto. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

"La pareja utilizaba una plataforma creada por un ciudadano argentino, que les permitía enviar mensajes a los propietarios de los celulares robados, en los que les indicaban que accediendo a un enlace podrían recuperar el equipo. Las víctimas que atendían la indicación e ingresaban al link, desbloqueaban los teléfonos y confiaban sus credenciales y contraseñas para entrar a la nube", explicó la Fiscalía. 

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Con este procedimiento, permitían que los celulares fueron liberados para ser puestos a la venta. A través de esta modalidad afectaron a más de 70.000 personas en Colombia y 483.000 en los países cooperantes.