Una grave situación de orden público se registró en las últimas horas en el municipio de Coyaima, específicamente en el resguardo indígena Guadualito. Según informó Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad y Convivencia del Tolima, una joven gobernadora indígena fue objeto de un ataque violento que la obligó a refugiarse en zona montañosa durante varias horas para salvaguardar su vida.

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El balance preliminar, basado en el testimonio de la sobreviviente, indica que dos hombres (posiblemente hermanos de la gobernadora) habrían fallecido en el lugar de los hechos. Además, un menor de edad resultó herido por el roce de un proyectil de arma de fuego. Debido a la autonomía constitucional de los resguardos, la Fuerza Pública no pudo ingresar de inmediato, lo que dificultó la verificación técnica de los cuerpos y la atención médica inicial, la cual fue rechazada en un primer intento por las autoridades locales del cabildo.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lideró el seguimiento de la operación desde que se tuvo conocimiento del hecho el pasado viernes. La líder indígena logró mantener comunicación vía WhatsApp con las autoridades institucionales, relatando su temor y la urgencia de atención para el niño herido. En la madrugada del sábado, una operación conjunta entre el Batallón Caicedo de la Sexta Brigada, la Policía Tolima y la Fuerza Aeroespacial permitió el contacto físico con la afectada.

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La mujer logró movilizarse en un vehículo tipo UAZ hasta un punto de encuentro donde fue protegida por las unidades militares. Un enfermero de combate brindó los primeros auxilios al menor, mientras que la líder fue puesta bajo "buen recaudo" por parte de la fuerza institucional. Bocanegra calificó el operativo como un "relato de película" debido a las condiciones de transitabilidad y la tensión vivida durante las horas de ocultamiento de la gobernadora.

A pesar del rescate, la situación jurídica presenta retos importantes. Las autoridades indígenas de Guadualito han manifestado que realizarán su propio proceso de investigación y sanción de acuerdo con sus usos y costumbres, y hasta el momento no han entregado cadáveres al CTI de la Fiscalía. "Respetamos la autonomía ancestral, pero esperamos el desarrollo de las investigaciones y las versiones oficiales que la afectada entregue a la Fiscalía", señaló el secretario Bocanegra.

Aún se desconoce si el ataque fue perpetrado por grupos armados externos que operan en el sur del departamento o si responde a rencillas internas por el control de la autoridad en el cabildo. Por ahora, el Gobierno Departamental ha solicitado protección especial a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la gobernadora rescatada, al ser una testigo clave y una autoridad en riesgo tras el violento episodio.