Cinco denuncias presentadas en Ibagué y Armero Guayabal llevaron a las autoridades a investigar un supuesto esquema de estafa que habría sido ejecutado por una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La investigada es Mónica Paola Bonilla Valderrama, quien fue imputada por la Fiscalía por el delito de estafa agravada y recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

• Puede leer: Fiscalía ocupa bienes del influencer Kevin Thobias: mansión y carros de lujo

Según la investigación, entre 2017 y 2022 la mujer habría aprovechado su condición de servidora pública para ofrecer a particulares la posibilidad de adquirir bienes muebles e inmuebles que, supuestamente, serían rematados por la DIAN a precios inferiores a los del mercado.

La Fiscalía señala que Bonilla Valderrama habría asegurado a sus posibles víctimas que podía realizar gestiones ante un superior para facilitar el acceso a esas propiedades. Para supuestamente separar los bienes, les solicitaba entregar anticipadamente diferentes cantidades de dinero.

Para darle apariencia de legalidad al procedimiento, presuntamente utilizaba documentos con logotipos y membretes institucionales, además del nombre de una exfuncionaria de la DIAN que ya estaba pensionada. Los interesados eran llamados a firmar dichos documentos como parte del supuesto negocio.

Convencidas de que se trataba de operaciones legítimas, las víctimas habrían realizado consignaciones bancarias y entregas en efectivo que, en conjunto, alcanzarían cerca de $300 millones.

• Le puede interesar: Policía investiga origen de incendios forestales en cuatro municipios

Uno de los casos investigados corresponde a una familia que habría entregado $85 millones para adquirir una vivienda que aparecía en un supuesto listado de bienes en remate. Posteriormente, se habría establecido que dicha información no correspondía con un proceso real de la entidad.

Captura y medida de aseguramiento

Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá durante un operativo del CTI, con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó el cargo de estafa agravada. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó enviarla a prisión de manera preventiva mientras continúa el proceso judicial.

La Fiscalía continuará con la investigación para establecer las circunstancias de los hechos y las responsabilidades correspondientes.