Por Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

La semana que hoy termina cierra un cúmulo de decisiones judiciales nacionales y regionales que en escasos dos meses del presente año, muestran una faceta de la Justicia muy particular y diferente a la de los últimos tiempos, en la que se destacaron los escándalos por corrupción en todos sus niveles jerárquicos, así como un perverso favorecimiento con dirigentes de la clase política, económica y social.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un hecho sin precedentes, decidió abrir investigación preliminar contra más de 200 congresistas y ordenó compulsar copias para que la vergonzosa Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, haga lo propio con el actual presidente Juan Manuel Santos, por el posible canje de votos legislativos por los llamados “cupos indicativos” asignados dentro del Presupuesto General de la Nación, para que fueran negociados con alcaldes, gobernadores y contratistas, paliativo obtenido que sería utilizado en sus campañas políticas y patrimonio personal o familiar.

En buena hora la Corte se sacude y decide borrar la mácula heredada de algunos de sus ex compañeros y con esta y similares decisiones adoptadas contra gobernadores y senadores, transmite seguridad y confianza como órgano de cierre en lo penal y juez de servidores públicos aforados.

En lo regional, la llegada de un nuevo Director de Fiscalías se ha notado en cosas tan sencillas como responder derechos de petición - en no más de cinco días - (antes había que entutelar para que respondieran), así como en imprimirle dinamismo y eficacia a las indagaciones e investigaciones. Sin embargo, pervive en la regional una rosca maligna de fiscales e investigadores que manipulan y torpedean - según sus intereses -  la recta aplicación de Justicia.

La oportuna actuación del Cuerpo Técnico de Investigación a raíz del reavalúo catastral y el cobro desmedido del impuesto predial y la consecuente indagación preliminar para determinar la posible existencia de delitos y responsables, es la necesaria inmediatez que estas investigaciones requieren, y que debe ser la regla más no la excepción.

Pero la ocurrencia de nuevos hechos e indagaciones de mayor o menor trascendencia, no deben distraer las en curso por los fallidos Juegos Deportivos Nacionales o las tantas veces denunciadas en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima, los hospitales del departamento, la dilapidación de los recursos de la educación o la corrupción en alcaldías y empresas de servicios públicos municipales.

Además, es muy saludable que a la par que se investigan las posibles irregularidades hechas públicas en el llamado “Predialazo”, la Fiscalía le dé la importancia debida a las denuncias que se han hecho y se anuncian contra algunos comunicadores por posible lucro y beneficio particular y familiar durante la nefasta alcaldía de Luís H. Rodríguez.

Actuación conveniente para los mismos denunciados, porque así podrán ratificar la buena imagen que han ganado, no solo ante la Justicia, sino ante sus miles de oyentes, y de igual manera para la Fiscalía, que podrá refrendar la imparcialidad y celeridad que con el nuevo director se ha impuesto.

Es la mínima garantía que como sociedad se nos debe brindar.