Los latinoamericanos dieron su génesis al órgano legislativo, inspirados en el constitucionalismo francés, norteamericano e ingles del siglo XVIII. Sin embargo, todavía no se han generado las grandes transformaciones que reclama la sociedad. 

En temas relacionados con la participación democrática, sí se ha evidenciado un desarrollo:  el voto de las mujeres, el incremento de los representantes en las cámaras, el sufragio sin atender a razones de estrato o riquezas, la representación de las circunscripciones especiales de las minorías. No obstante, todos estos momentos históricos han ignorado un factor vital que debería ser el protagonista en todos los estamentos de la sociedad, hablo del principio de transparencia en el actuar público y privado.

Así pues, es necesario mencionar la existencia de duras críticas ciudadanas y de diferentes sectores de la sociedad hacia el legislativo, rama que desde las ultimas décadas se ha visto envuelta en diferentes escándalos de tipo nacional e internacional. Estas polémicas nacen en la gran degeneración de la sociedad llamada corrupción, y crecen en la desidia de sus integrantes cuando acostumbran a dejar sus sillas vacías. 

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El Congreso debe superar esa separación que vive con sus electores y con la realidad del país. Ya existe una legislación desde el año 2014 que serviría como una gran herramienta para mejorar la situación que se vive actualmente.

Me refiero a la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". El cumplimiento de esta norma y la influencia de las nuevas tecnologías haría posible que los colombianos tuvieran a su disposición elementos de participación y deliberación para cumplir con los principios constitucionales. Esto rompería las barreras que se han impuesto para que los ciudadanos puedan estar cercanos a las decisiones que se toman.

Recuperar la legitimidad política del Congreso de la República no es tan solo estar consagrado en una norma de rango constitucional, sino la real participación de todos los sectores de la sociedad en la construcción de una razón pública y de una confianza otorgada por el pueblo, que permita la creación de las agendas legislativas acordes a la realidad social del país.

“Una gran democracia debe progresar o pronto
 dejará de ser grande o democracia”: Theodore Roosevelt.