Hay quienes todavía conciben la izquierda como de avanzada y la derecha, como obsoleta y retardataria. 
Sin embargo, en los últimos años el debate se ha centrado principalmente en el aborto, la eutanasia, la legalización de la droga, los matrimonios LGBT; entre otros temas, los cuales cuentan con simpatizantes y opositores de uno y otro lado, dejando en un segundo plano las reivindicaciones económicas, sociales y culturales de la población, salvo la protesta callejera acompañada de brotes delincuenciales.
Entre tanto, estás dos denominaciones de izquierda y derecha, a criterio de los politólogos, ha comenzado a considerarse obsoleta al convertirse solo en parte del vocabulario estratégico macartista, utilizado políticamente para dividir.
Pues suele suceder, que de todo opositor del gobierno sin siquiera comprobarlo, se dice que es de izquierda, que pertenece a las Farc, o que es Castrochavista, comunista, o Petrista.
Desconociendo la protesta como un derecho Constitucional.
Grave error estigmatizar a quien manifiesta su descontento, mucho más si se le clasifica despectiva y deliberadamente dentro de ese común denominador.
Ciudadanos inconformes con la situación del país, si se quiere tanto de derecha como de izquierda, cansados de lo mismo; ciudadanos en su mayoría pensantes, no delincuentes.
Por supuesto, las marchas son una forma de protesta social legítima, pero deben ser pacíficas, y el papel de la policía es evitar que sean alteradas por vándalos y anarquistas. 
Sin embargo, sucede que estos al parecer pasan inadvertidos ante las autoridades, no los detienen, mucho menos los judicializan y se
dice que solo se persigue indiscriminadamente a todos los manifestantes, incluso a quienes sin estar en la manifestación coincidencialmente transitan por el lugar. Es la ley del menor esfuerzo; nos recuerda afirman algunos, a la experiencia de los "Falsos positivos". 
Tanto así, que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, le dió al Gobierno una serie de órdenes para proteger las protestas pacíficas. 
Se trata de analizar y comprender las marchas como una expresión de las injusticias derivadas del desequilibrio social. 
Y por eso, es pertinente castigar severamente a quienes las utilizan para cometer ilícitos y deteriorar los bienes públicos.
De la misma forma, debe castigarse a los delincuentes de cuello Blanco que saquean las arcas del estado y hacen mal las obras.
Es hora de llevar a cabo un análisis juicioso que permita interpretar el clamor ciudadano y tomar correctivos. Dejar de hostigar a la ciudadanía con medidas impopulares e injustas. Combatir la corrupción.
Rectificar los errores y no recurrir al miedo, al odio y al pánico.
"No es con amenazas que se gobierna..."
Es hora de prestarle atención a la juventud y prepararla para el relevo. Igual que no discriminar a los adultos.
No cercenarles su pensión como sucedió en el 2005 con la mesada catorce; no hacerles más crítica su situación con nuevas impuestos mientras las exenciones favorecen a los más ricos.
Y a los marchistas, recomendarles que cuiden su trabajo, cuiden su empresa, porque de ello depende el sustento de sus familias.