Por Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

Entre noviembre de 2001 y mayo de 2002, fueron asesinados en el plan del sur del Tolima 25 líderes indígenas y un dirigente sindical de la salud, Jorge González. Los líderes indígenas ejercían cargos directivos dentro de los resguardos y las asociaciones a que estaban afiliados, así como cargos de representación política en sus municipios.

González, dirigente gremial en el municipio de Natagaima, fue sacado de su residencia en horas de la noche, llevado al Paso de la Barca sobre el río Magdalena, y allí los miembros del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo asesinaron de dos disparos en la cabeza, abrieron su estómago, extrajeron sus órganos internos visibles, lo rellenaron con piedra, lo cocieron con alambre y lo tiraron a las aguas del Magdalena para que se quedara en la profundidad del río. Fue necesaria la participación de expertos buzos para recuperar su cadáver y entregarlo a su familia.

Estos crímenes, son solo una muestra de los cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia en el Tolima, creadas como parte de una política de Estado para combatir la subversión. Son tan horrendos y repudiables como los cometidos por la Fuerza Pública y conocidos como ‘Falsos Positivos’, las organizaciones guerrilleras y las denominadas Bandas Criminales (Bacrim).

Si el señor Ricardo Ferro quiere contextualizar y hacer visible la macabra huella de la violencia en el departamento y convertirse en la voz de las víctimas en el Congreso, debería dejar el sesgo que exhibe como youtuber y en sus columnas, y hacer una denuncia pública completa, imparcial e  indiscriminada de parte de la herencia maldita que nos deja vivir la realidad de más sesenta años de violencia en Colombia.

Sería la actitud más honesta de quien aspira a ser vocero de los tolimenses en la Cámara de Representantes. Pero infortunadamente, como postrero corresponsal de guerra, lo que le interesa es cada vez parecerse más a su jefe, guía y líder espiritual y político, para que quienes como él, están interesados en llevar a Colombia de nuevo por los senderos sangrientos de la confrontación armada, voten a su favor por considerarlo como el uribito del Tolima.

A quienes hemos padecido directa y familiarmente las secuelas de la violencia, nos duelen los crímenes que visibiliza uribito desde su tribuna de opinión. Desde esta columna, también se han denunciado. Pero actuar malintencionadamente, ocultando como lo hace también su jefe los ríos de sangre que corrieron en los últimos veinte años, generados por la violencia institucional (resolución 002 de 2002 del Ministerio de Defensa), paramilitar, el narcotráfico y las Bacrim, no es transparente ni garantía de verdadero liderazgo y representación para una población que ha sido una de las más afectadas con esta permanente confrontación armada que vive el país.

Se nota el fastidio que a estos  políticos les produce reconocer los homicidios, desapariciones, torturas, desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad cometidos por todos los actores de la violencia en Colombia. Incluida la institucionalidad.