Por: Gustavo Petro

En el año 2.000 realicé un debate sobre los auxilios parlamentarios prohibidos por la Constitución, pero revividos clandestinamente por Andrés Pastrana.

Encontré toda la lista de parlamentarios beneficiarios, decenas de ellos, que se distinguían con códigos secretos. La entrega de centenares de miles de millones de pesos del erario a ellos a través de cupos que se establecían a cambio de su voto favorable a políticas del gobierno pastranista, es uno de los mayores hechos de corrupción de Colombia.

Los mayores beneficiarios según mi denuncia eran los parlamentarios Vicente Blel y Otto Bula.

El que repartía los auxilios era el entonces ministro de hacienda y hoy Presidente de la República y premio Nobel, Juan Manuel Santos.

Otto Bula era el que seguía en la lista al senado de Mario Uribe Escobar y su testaferro. Otto Bula como Mario Uribe como Santos, eran en ese entonces, pastranistas.

Otto era un productor de quesos de Sahagún, el quesero le decían, que de pronto se volvió rico.

Aunque la prensa hizo eco de mi debate, no profundizó en él. La investigación fue archivada por el fiscal Luis Camilo Osorio y la investigación de la contraloría la ocultaron después que Carlos Ossa se fue. La prensa no volvió nunca más a mencionar el debate.

¿Cuál era la razón de ese silencio?

Al final de mi debate mostré cómo los lugares geográficos de los centenares de proyectos señalados por los congresistas, por eso los llamaron cupos indicativos, y que se financiaban con recursos públicos y que en su mayoría eran construcción de letrinas, que en realidad nunca se hicieron, se ubicaban en las zonas bajo control paramilitar. Así comencé mi investigación sobre la articulación entre clase política colombiana y el narcotráfico paramilitar.

La prensa no hizo eco de esa investigación porque mostraba que el mecanismo de financiación del paramilitarismo con recursos públicos se hacía a partir de una fuerte alianza entre las mafias políticas locales y los más importantes “estadistas” de corte nacional de origen bogotano o antioqueño. La pulpa del establecimiento colombiano al que pertenecen los dueños de la prensa privada del país.

Hoy Otto Bula es famoso, es nuevamente el testaferro de los congresistas. Se había enriquecido con tierra barata que los campesinos vendían después de cada masacre paramilitar y que el luego compraba para entregarla a Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, para venderlas después a precios bien caros. Parte de las ganancias iban a Mancuso y otros paramilitares y parte a los bolsillos de los políticos de Córdoba y Antioquia.

El negocio de la tierra barata revendida a precios altos gracias al terror paramilitar, fue no solo el negocio de Mario Uribe y Otto Bula sino el de Francisco Javier Piedrahita, el del papá de Uribe Vélez, el de Uribe Vélez y el de su amigo William Vélez, y el de muchos políticos locales, empresarios poderosos y magistrados de la justicia.

Ese mecanismo de captura de rentas gracias al terror es el que explica porque tenemos el desplazamiento más grande del mundo, mayor que el de Siria, de millones de personas desalojadas de sus tierras y pueblos y llevadas a la pobreza y la miseria como víctimas de la violencia en las ciudades del país.

Durante toda la primera década del siglo XXI hice varios debates demostrando con nombres propios, los vínculos de la clase política local, antioqueña, santandereana, nortesantandereana, sucreña, del Magdalena, con el paramilitarismo narcotraficante. La prensa se silenciaba no solo ante las masacres y sus autores, sino ante mis debates. Solo la Corte Suprema de Justicia de entonces los recogió y al volverlos procesos judiciales exitosos y expandir la investigación a todo el país fue objeto como yo, de la persecución del gobierno a través del DAS. Decenas de senadores y políticos locales fueron a parar a la cárcel, pero no sus jefes.

Otto Bula y Mario Uribe ya no eran pastranistas, se habían vuelto uribistas como la mayor parte de la clase política local. Las castas comenzaron a caer en prisión. Los García Romero de Sucre, Los Araujo Noguera del Cesar, Mario Uribe y los Suarez Mira de Antioquia, los Vives, los Caballero, los Jattin y los López de Córdoba, los Aguilar de Santander, los Gnecco de Cesar, los Gómez de la Guajira, etc., etc., etc.

Los debates y los procesos judiciales de la Corte Suprema de Justicia demostraron efectivamente que el poder local en Colombia, donde está la mayoría del electorado, se construía a partir de una fuerte alianza entre clase política local y narcotráfico paramilitar y que este estaba ligado al poder central de Colombia, en ese entonces en manos del Presidente Uribe.

En el año 2010, conjuntamente con Carlos Vicente de Roux y Luis Carlos Avellaneda realizamos el informe sobre la contratación de Bogotá develando el llamado cartel de la contratación.

Allí con nombres propios mostramos como operaba una serie de conglomerados de constructores convertidos en grandes contratistas del Estado, los Nule, Conalvías, los Solarte, los William Vélez de Odinsa, y, escúchenlo bien: Odebrecht.

Dijimos que los grandes contratistas eran pirámides financiadas con el erario y que solo podían crecer y sostenerse con el pago de fuertes coimas que dejaban huecos financieros en los proyectos que construían y que solo se podían llenar con nuevos contratos más grandes que a su vez solo se conseguían con pagos mayores de coimas y así sucesivamente.

Los Nule eran el primer conglomerado en caerse como un castillo de naipe al no ser beneficiarios de la Ruta del Sol. Dijimos en ese julio del 2010, que los demás también caerían por la misma razón. El gran contratista-pirámide del Estado en el momento en que sus fichas políticas no ganan, pierden contratación y se caen como castillos de naipes.

Así se cayó Conalvías, a pesar de las excelentes relaciones con la prensa que tenía su propietario Andrés Jaramillo, y así se cayó luego Odebrecht

¿Por qué la prensa uso nuestro informe solo para atacar a los Nule, y no para atacar los demás grandes consorcios delictivos?

¿Por qué a pesar de nuestra denuncia sobre Odebrecht, y su contrato del túnel de Canoas en el Distrito y de la Ruta del Sol con el gobierno de Uribe, y de mostrar que operaba como empresa igual que los Nule, con coimas, no fue seguida por la prensa? ¿Por qué la prensa privada silenció esa denuncia y ¿Por qué la justicia colombiana no produjo la investigación que nosotros solicitábamos y la centró exclusivamente en los Nule y Samuel Moreno y solo hasta seis años después se produce, con sorpresa de la prensa colombiana, pero a partir de la confesión de lo ya denunciado entonces por el senador Petro, pero ante la justicia gringa?

Otto Bula, que dejó de ser uribista, ahora es liberal y santista, y ha sido el intermediario testaferro de las coimas pagadas por Odebrecht. Sus destinatarios han sido congresistas y funcionarios del entorno de Santos para lograr la ampliación al contrato de la ruta del Sol que entregó Uribe a dedo, con una nueva vía entre Ocaña y Gamarra por casi un billón de pesos. Ni Samuel Moreno realizó ampliaciones de contratos de esa magnitud.

La adición del contrato de la ruta del sol con una nueva vía tiene dos protagonistas societarios: Odebrecht, mayoritario, y Luis Carlos Sarmiento Angulo, minoritario, el hombre más rico de Colombia.

De nuevo la coalición entre mafias políticas locales y el establecimiento cachaco colombiano se hace presente, y por eso de nuevo se silencia la prensa.

Los Nule sabían de la existencia del cartel nacional de la contratación que conformó Uribe y que se traspasó a Santos. La fiscalía les aplicó una especie de extorsión al revés, “si hablan los condenamos más fuerte”, les dijeron. La prensa los volvió el chivo expiatorio para no ocuparse de los otros conglomerados: Solarte, Conalvías, Odinsa, Odebrecht. Hasta el antiguo propietario de Odinsa, William Vélez, comenzó a hacer ejercicios para adueñarse del canal Uno a través de Yamid Amat y Luis Carlos Sarmiento, socio de Odebrecht se quedó con el Tiempo.

La extorsión que hacían fiscales con el objetivo no de encontrar la verdad sino de ocultarla, se volvió explícita. Una carta enviada por Emilio Tapia al Fiscal Montealegre lo demuestra, allí dice que el fiscal Valbuena le exigía que no hablara sino de los implicados en coimas del Distrito y de Samuel, buscando proteger otro emporio contractual de carácter nacional, el de la Familia Ríos que se quedó con el Recaudo Bogotá, la mayor contratación del cartel.

Recaudo Bogotá es en realidad un banco, que, por su tamaño, 63 billones, y la facilidad de su operación, haría palidecer a Odebrecht. La familia Ríos es su propietaria, ya esa familia llevó a la quiebra a Trans Santiago en Chile el Transmilenio construido en la capital de ese país, y junto a sus testaferros panameños se quedó con la mayor contratación de la historia de Colombia, el Recaudo Bogotá, protegidos por el Procurador Ordoñez y por el Superintendente de industria y comercio, Robledo, todos amigos del Vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras.

Un político local bogotano, Alberto Ríos, aliado a un “estadista” del establecimiento, Vargas Lleras, muestran no solo la dinámica del poder local y nacional, sino la dinámica de la corrupción.

Los contratistas se volvieron dueños de la política y de la prensa.

Este resumen no solo de una actividad política centrada en la lucha contra la corrupción que realicé tiene un objetivo: mostrar el por qué del altísimo nivel de corrupción de Colombia.

El Poder Político de Colombia funciona como una alianza entre el establecimiento, círculo cerrado y hereditario de dueños de la economía, los medios y el Estado central, con las mafias políticas locales ligadas al narcotráfico y el paramilitarismo. Es esta alianza la que permite su gobernabilidad; sin ella no podrían ganar elecciones, dado que el establecimiento no ejerce ningún liderazgo sobre la ciudadanía, no es legítimo, y dado que la clase política local es experta en obtener los votos, pero solo comprándolos. Unos y otros configuran el poder político del país, y su costo es que la alianza solo se mantiene si se permite el robo del erario público. La corrupción es su cemento.

Si la ciudadanía liberara su voto y dejará de fortalecer las castas políticas locales, como el emporio de los Nule, el poder político actual de Colombia se derrumbaría como un castillo de naipes. El cambio del país y la Democracia serían posibles.

Por tanto, pensar en reformas en el congreso contra la corrupción para que los mismos corruptos decidan si las aprueban o no, o es de personas ilusas o es un engaño premeditado.

La corrupción se supera con el voto libre, con una prensa independiente del poder político o económico, con la derrota del establecimiento en el poder central y con un proceso constituyente que democratice los territorios de Colombia.

Nota: Esta nota fue escrita por el candidato presidencial Gustavo Pettro varios meses atrás. La publicamos como una forma hacer memoria frente al año electoral que iniciamos y para que los lectores saquen sus propias conclusiones