Si bien es cierto, que la corrupción permea en todas las instituciones y en especial en medio de la clase política, la policía de los colombianos necesita una depuración y esta debe ser de ‘arriba hacia abajo’.

Otra vez se quiere coger al Nivel Ejecutivo, como ‘conejillo de indias’ para mostrar resultados de la lucha contra la corrupción institucional, violando el debido  proceso de muchos uniformados y provocando una ‘masacre laboral’ e improvisando sólo para aparentar que hay un proceso de depuración.

Los abogados que tenemos relación con el sector Defensa, estamos recibiendo decenas de quejas y consultas jurídicas, en especial, en la ciudad de Bogotá, en donde el comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez Heredia –no sabemos si presionado o improvisando–, en su afán de mostrar supuesta lucha contra la corrupción institucional sacó más de un centenar de policías, muchos sin dejarlos cumplir su Derecho adquirido de los 15 y 20 años de servicio.

En plena pandemia, cuándo héroes sin capa vienen luchando una guerra contra el enemigo silencioso, el COVID-19, que por demás ha dejado cientos de uniformados de la Policía de Colombia contagiados. Estos valientes hombres y mujeres  que hoy por hoy colocan sus propias vidas en peligro para salvaguardar la de los demás y los bienes de los colombianos, muchos en Bogotá reciben una ‘patada en el trasero’ por parte del general  Gómez Heredia, quien de un solo lapicerazo deja fuera de la de la institución a más de un centenar de uniformados.

Son graves los testimonios que estamos recibiendo. En días anteriores conocimos de audios a través de los cuáles –al estilo de cazadores de recompensa–   solicitaban candidatos a ser postulados para retiros con un denominador que tuviesen anotaciones por artículo 27 de la ley 1015 de 2006, que en tan repetidas oportunidades  los jueces se han pronunciado en expresa prohibición que se haga ese tipo de llamados escritos, que atentan contra la legalidad y el debido proceso, sin importarles ‘la cascada’ de demandas que sobrevienen contra la Nación.

Sin embargo, el temor de incautos policías que por no contrariar jurídicamente dichas órdenes (arbitrarias por cierto)   se están materializando. Es así como en el transcurso de esta tercera semana de julio fueron llamados a los Comandos de Estaciones a firmar los indicados ceses, presentarse a la ‘nueva oficina del terror’ del llamado Talento Humano del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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En dicha oficina ‘del terror’  se puede observar  las caras lánguidas , tristes y hasta de pánico de uniformados que recogen sus notificaciones de haber sido retirados de la noche a la mañana sin el debido proceso de la honorable Policía.

Es  hora de exhortar al Ejecutivo para que intervenga en esta masacre laboral. No se compadece que en este momento en el que el país y el mundo atraviesan por una crisis sanitaria, de los índices más elevados de desempleo, con más de 6 millones de colombianos sin derecho a trabajar, de centenares de empresas a punto de quebrar, cuando  el Gobierno se la juega entre la vida y la reactivación económica, que pretenda sanamente proteger la clase trabajadora y no dejar a un lado el Derecho Fundamental para  proteger la vida honra y bienes de todos colombianos, en la Policía esto esté ocurriendo.
Pero en especial una alerta para evitar que sea la misma Institución la que viole los derechos laborales de los mismos uniformados que hoy pasarán a engrosar las filas de los desempleados, todo por el abuso de poder y la desviación del derecho  laboral que está ejerciendo el señor brigadier general, Óscar Gómez Heredia.

Es también un llamado al Congreso de la República a revisar las facultades que indebidamente se le han confiado al Director de la Policía Nacional y que éste ha delegado a los Comandantes de Departamento y metropolitanas, quienes peligrosamente caen en un indebido uso de la  facultad discrecional, con la anuencia sospechosa en algunos casos de jueces, que dejan dichas arbitrariedades en firme.

Con esto, están haciendo trizas los derechos adquiridos de profesión y oficio, frustrando el proyecto de vida  que repercute en decenas de familias cuyo sustento único perciben de la Policía Nacional.

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Este 20 de julio cuando llega  la nueva mesa directiva del Congreso de la República, es la hora de que se escuche los ecos de esos cientos de uniformados para ejercer un control político y se llame al Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, para que rinda cuentas del por qué hace uso arbitrario de la facultad discrecional, dejando al azar a cientos  de familias policías, que por cierto, reciben órdenes de superiores en sus diferentes procedimientos y cuando las cosas salen mal, se suele echar la culpa al subalterno y el superior sigue impune.

Si se piensa en un proceso de depuración, es la hora de iniciarlo por arriba más si se tiene en cuenta los sonados escándalos de corrupción cómo el denominado ‘Carrusel de contratos’, el juego oscuro de chuzadas ilegales, montajes y hasta traición a la Patria, donde están involucrados Generales de la Institución.

Son muy graves las recientes publicaciones de varios medios nacionales e internacionales, donde aparece hasta un miembro de la cúpula sindicado de secuestro.

Hay que decir la verdad, dejar a un lado la mal llamada ‘política del tapen y tapen’, la corrupción está marcada en los Generales, Coroneles, Oficiales Superiores y no en el Nivel Ejecutivo.

En ese contexto, una pregunta final: ¿El Debido proceso es sólo para Generales o también tienen derecho a él los policías del Nivel Ejecutivo?

Jorge Iván Mina Lasso
Consultor en Seguridad Nacional
Especializado en Derecho Administrativo y Penal
Tomado de la página El Home Noticias