Por Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

Cumplido, como está, el otro plazo que se fijó el fiscal Nestor Humberto Martínez para  ejecutar nuevas capturas y dar a conocer los nombres de más implicados en el desfalco por la remodelación y construcción de los escenarios deportivos en Ibagué, le tocó a la directora regional, Zeidy Janeth Izquierdo, salir a los medios de comunicación a justificar el incumplimiento y de paso lanzar lo que parece ser otro globo que zarpa desde el ente investigador en este caso concreto.

El preacuerdo y/o principio de oportunidad que se estaría ofreciendo al ex alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, o que éste estaría solicitando por su colaboración con la investigación o posible resarcimiento de perjuicios, suena igual a lo ocurrido con el abogado Orlando Arciniegas Lagos, al poco tiempo de su captura. Fueron varios los viajes que las fiscales Claudia Chalarca y Zeidy Izquierdo hicieron a la cárcel de Pereira, para recibir información directa de Arciniegas Lagos, que vincularía a los políticos y empresarios que idearon y ejecutaron el plan criminal, sin que nada se concretara. Jorge Pérez, apodado ‘El Chatarrero’, también ha expresado no solo de manera directa, sino por intermedio de uno de sus abogados, la solicitud de un preacuerdo o principio de oportunidad a cambio de  información que permitiría conocer nombres del organigrama criminal hacia arriba de Luis H. y Arciniegas, y no hacia abajo, de subalternos, que ya completan más de veinte entre investigados, capturados y condenados, sin que haya respuesta de la fiscalía.

Esta duda que nos deja la fiscalía, adquiere más notoriedad por la omisión después de la delación hecha por Luis Rodrigo Uribe, ex gerente de la española Typsa contratista de los diseños, ya que no se conoce actuación alguna contra los directivos españoles de ésta ni de las igualmente españolas empresas contratistas e interventoras de las obras, beneficiadas con la ilícita contratación, adjudicadas bajo el mismo sesgo. Luego, es claro, que si Luis H. no aporta nada nuevo que permita ascender hacia la cúpula de la organización criminal, sería impunidad y no principio de oportunidad. Algo muy similar a lo que ocurrió con el exsecretario de Hacienda, Oswaldo Mestre, conocedor, como Arciniegas Lagos, del entuerto y que gracias a un preacuerdo, no está muy lejos de salir en libertad.

No ocurrió así con el equipo investigador de la gerencia departamental de la Contraloría General de la Nación, que vinculó fiscalmente a contratistas, contratados, supervisores e interventores, aportando pruebas contra los ex directores de Coldeportes y Fonade, quienes salen bastante comprometidos por la permisividad demostrada en la ejecución de los convenios, previamente advertida por quienes los representaron. Las pruebas técnicas practicadas por el daño fiscal en los contratos de obra e interventoría del Parque Deportivo, la Unidad Deportiva de la 42 y del estadio Manuel Murillo Toro, no dejan duda de la magnitud de la catástrofe, no solo evidente por el abandono de las obras y la apropiación de los dineros, sino por la negligencia de la actual Administración Municipal para decretar la caducidad de los contratos y proceder de manera inmediata a su liquidación, como única alternativa para no acabar de destruir lo poco construido, como efectivamente ocurrió durante los tres años que completan al sol, al agua y la mano dañina de los vándalos.