Mientras la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, realiza anuncios sobre el paro de los trabajadores adscritos a su cartera, que ya supera los 40 días, los 13 sindicatos que representan a estos empleados han presentado una denuncia penal contra ella. Los sindicatos acusan a la ministra de no cumplir los acuerdos previos y no garantizar las condiciones necesarias durante la huelga, que afecta tanto a la sede central como a las seccionales en las ciudades capitales.

La denuncia, dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, alega que la ministra ha incurrido en "conducta punible" al intentar interferir con la huelga legalmente declarada el 21 de mayo de 2024. En un comunicado de prensa, los sindicatos explican que buscan investigar los posibles delitos cometidos por la ministra y sus servidores, quienes, según ellos, han violado los derechos de asociación, libertad sindical y de huelga.

"Solicitamos que se investigue la comisión de delitos presuntamente cometidos por la ministra y sus servidores, que han violado el derecho de asociación, libertad sindical y de huelga", señala el escrito firmado por los representantes de los sindicatos Sinaltraempros, Sinprotecol, Sinaltraseguridadsocial, CNIT-SP, Unssp, Asepdec, Sintramerito, Asomintrabajo, Sinlaseguridadsocial, Unimintrabajo, Sinaltraserpvco, Asoness y Usctrab.

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El pasado 2 de julio, el Ministerio del Trabajo, a través de su cuenta en X, indicó que las mesas de diálogo con las organizaciones de la entidad avanzaban. Sin embargo, los funcionarios de la entidad afirmaron que la solicitud de Ramírez de permitir la entrada de funcionarios y contratistas no respetó el derecho mayoritario a la huelga, vulnerando sus derechos de asociación y libertad sindical.

Los representantes de los sindicatos consideran esta solicitud como "un ataque a su derecho de asociación y libertad sindical" porque la huelga fue declarada y cualquier interferencia viola sus derechos.

El adagio popular dice "en casa de herrero, asadón de palo", y las entrevistas con los funcionarios de la cartera a medios de comunicación revelan el miedo a represalias que puedan surgir desde el Ministerio. "Hay miedo entre los empleados por posibles represalias, lo que obligó a muchos a seguir trabajando pese a la huelga", afirman en el documento presentado a la fiscal.

Se espera que la ministra del Trabajo se pronuncie sobre el caso y ofrezca garantías jurídicas contra represalias a los empleados en huelga desde el 21 de mayo. Este mensaje es crucial para los funcionarios del sector público que observan detenidamente el desarrollo de esta negociación