El Superintendente de Subsidio Familiar, el tolimense oriundo del Líbano, Luis Guillermo Pérez fue suspendido del cargo de manera provisional por tres meses. La decisión la tomó la Procuraduría porque el alto funcionario “habría modificado la lista de elegibles para ocupar el cargo de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación”.

De acuerdo con la Procuraduría, la suspensión provisional se adoptó para evitar que desde su posición pueda seguir modificando la lista. Agrega la Procuraduría que el Superintendente Pérez también es investigado “por una aparente solicitud de dinero a las cajas de compensación para ayudar a la población de Buenaventura”.

Según el ente de control, “Pérez Casas habría modificado, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos con lo que fueron incluidas personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla”.

Dice la Procuraduría que esa situación “le permitió designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila-Comfamiliar Huila”.

Para el Ministerio Público, el Superintendente “habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles que era definitiva, obligatoria e inmodificable”.

Superintendencia se pronuncia

En un extenso comunicando la Superintendencia de Subsidio Familiar responde a la decisión que adoptó la Procuradora Primera de Instrucción Delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Patricia Téllez

Explica la Supersubsidio, “Que a tan solo tres semanas de salir del cargo mediante Resolución 0498 del 05 de agosto de 2022 el anterior Superintendente del Subsidio Familiar, Julián Molina Gómez designado por el expresidente Iván Duque Márquez, conformó lista cerrada de elegibles a Director Administrativo y Agente Especial de Intervención, sin que existiera mandato legal para ello”.

Añade que “El Dr. Luis Guillermo Pérez Casas fue nombrado como Superintendente del Subsidio Familiar por el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego el primero (01) de septiembre de 2022. Así al encontrar constituida lista de elegibles heredada de la anterior administración, en aras de garantizar los principio de objetividad, participación, pluralidad e igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas en formar parte de la lista de elegibles, se profirió la Resolución 0679 del 14 de octubre del 2022, abriendo la integración de la referida lista, posibilitando que todo ciudadano que cumpliera con los requisitos, y estuviese interesado pudiera ser considerado para integrar la lista de elegibles a Director Administrativo y Agente Especial de Intervención”.

Agrega la Superintendencia de Subsidio Familiar que “la expedición del referido acto administrativo se realizó conforme a las facultades legales y que no puede predicarse mala fe o trasgresión a la norma con su emisión, pues si bien el Superintendente Luis Guillermo Pérez Casas optó legítimamente por la apertura de la lista de elegibles, puede cotejarse también, que nombró y mantuvo en ejercicio de director administrativo a personas que hacían parte de la lista prevista en la Resolución 0498 de 2022”.

Finalmente asegura la Supersubsidio que la decisión de la Procuraduría es respetada, sin embargo, enfatiza que “esa medida sólo es procedente cuando, entre otros, se pretende evitar que el autor de la presunta falta continúe cometiéndola, requisito que de ninguna manera se observa en el presente caso”.

Remata el comunicado que “esta Superintendencia y el Superintendente del Subsidio Familiar,  acatan la decisión, pese a no compartir las valoraciones del ente de control, pues las decisiones que ha tomado la Superintendencia del Subsidio Familiar en el Gobierno del Cambio se han dado conforme a derecho, en garantía del interés general y propendiendo por la protección del patrimonio social de los trabajadores y trabajadoras del país”.